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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Aquí hay madres de víctimas del pasado, pero también nuevos colectivos de madres que están viviendo la desaparición forzada”, dijo Ana Julia Escalante, directora de Asociación Pro Búsqeda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (Pro Búsqueda).
En el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, la Asociación Pro Búsqueda desarrolló una actividad en apoyo a las víctimas, y como una organización histórica con 29 años de existencia en localizar a la niñez desaparecida durante el conflicto de los años ochenta, por lo que realizaron un homenaje a este grupo de madres y familiares.
“Nosotros reconocemos que la desaparición forzada es un continuo, es una práctica sistemática que han adoptado diferentes estructuras, como en la guerra fue el Estado y los grupos beligerantes de esa época”, afirmó.
“Posteriormente, ante la impunidad que se dio en el país, porque nunca hubo un reconocimiento de esta violación y nunca hubo un señalamiento de los responsables ni se ha juzgado a una persona por desaparición forzada en el país, esta impunidad se instaló”, acotó Escalante.
La directora de Pro Búsqueda indicó que este ambiente de impunidad ha generado que otras estructuras criminales, aún del Estado, retomen la misma práctica de desaparecer a las personas como una forma de generar “control social” y temor en la población.
“Entonces, en estas fechas es importante para Pro Búsqueda señalar estos hechos y realmente como una institución histórica hemos decidido acompañar a las nuevas víctimas, porque comprende los impactos que esto genera en sus vidas”, explicó.
“Sabemos que son familias que tienen a flor de piel el dolor, la sensación de ansiedad por saber dónde están sus hijos o hijas. Y eso lo tienen también las madres que han luchado por décadas y han sabido como sobreponerse e impulsarse desde el dolor en la búsqueda. Y las nuevas víctimas lo están haciendo también como lo hizo Pro Búsqueda , 29 años atrás”, sostuvo Escalante.
La desaparición forzada es para Pro Búsqueda un delito de lesa humanidad que dañó a miles de familias en El Salvador, desde finales de los años setenta a inició de los noventa. Sólo Pro Búsqueda ha contabilizado 1, 417 casos de los cuales 1, 038 han sido presentados por familias que buscan a sus hijas o hijos, logrando resolver 467 casos. Y pese a la firma de los Acuerdos de Paz (1992), el delito de desaparición forzada continúa manifestándose no sólo en el país, sino en Mesoamérica y afecta a otras poblaciones como los migrantes, niñez y mujeres en la actualidad.
Sobre la organización de los nuevos colectivos de madres que buscan a sus hijas o hijos en el contexto de la violencia delincuencial y régimen de excepción, Escalante agregó que los familiares necesitan de una respuesta por parte de las autoridades del Estado salvadoreño. Reconociendo, que si bien, era importante efectuar acciones en represión al crimen en cuanto a seguridad eran válidas, pero estas tendrían que estar enfocadas en la prevención.
“Si se están organizando es ante la falta de respuestas o mecanismos del Estado que les garanticen: primero, el hecho de conocer la verdad ¿De qué le pasó a su hija o hijo?, lo segundo, es la reparación de estas familias, porque desde el Estado deben dar acompañamiento para que estas familias sigan con sus proyectos de vida, sabiendo la verdad”, reafirmó.
“Consideramos que el hecho que estas familias estén en estos momentos organizándose como lo hicieron los colectivos históricos, COMADRES, CODEFAM y COMAFAC , significa que el Estado nunca ha estado capacitado en dar respuesta y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Y creo en el derecho a no desaparecer o no correr riesgos en la calle, y poder regresar a nuestros hogares, eso también es responsabilidad del Estado”, acotó Escalante.
Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (ONU), y de la Fundación para la Justicia, con una larga experiencia en la “desaparición forzada”, atendiendo casos de diversos países como : Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Venezuela, así como otros países, cuyos familiares han sido desaparecidos, también su aporte en el debate.
¿Qué entendemos por una desaparición forzada?, indagó Delgadillo al explicar la importancia de definir este concepto porque en ocasiones, se puede estar frente a otros delitos como el secuestro o la privación de libertad, aunque no por esto, dejan de ser delitos graves contra la población.
“Tomemos en cuenta la definición del ámbito internacional que es la que nos rige (Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involutarias). El arresto, la detención o el secuestro o cualquier otra forma que privó de libertad a una persona tiene un elemento que distingue a la desaparición forzada… que esta es obra de los agentes del Estado”, señaló.
“Es decir, quien comete este arresto, está detención o secuestro de la personas fueron agentes del Estado o servidores del Estado o también, personas particulares -que no son agentes del Estado-, pero que de alguna manera están actuando con autorización o el apoyo o la aquiescencia del Estado (aceptación o sumisión pasiva) esto es muy importante de distinguir”, indicó Delgadillo.
Tiene que haber una negativa del propio Estado a reconocer que la persona está en sus manos, que está privada de su libertad y se oculta su paradero o su suerte de la persona. De tal forma que se le deja sustraída completamente de la protección de la ley, añadió.
Al mismo tiempo, los familiares del desaparecido forzosamente se encontrarán con “una negativa del propio Estado a reconocer, que la persona está en sus manos”, explicó Delgadillo. Y que esta persona privada de su libertad se oculte intencionalmente su paradero que equivale a dejarla “sustraída” completamente de la protección de la ley.
“En algunas situaciones es difícil saber si están o no involucrados los agentes del Estado, pueden ser cometidos por particulares, pero es desaparición forzada, si esos particulares están siendo protegidos por el Estado o están actuando con el apoyo del Estado”, argumentó.
Sobre la investigación “in situ” realizada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, y su posterior informe, Delgadillo destacó la importancia de distinguir la “desaparición forzada”, en la clasificación entre secuestros o detenciones de libertad, como ocurrió en su país.
“En México, tuvimos situaciones de los casos se estaban clasificando como casos de privación ilegal de libertad o secuestros, entonces, no había un simple reconocimiento de la desaparición forzada, que son casos graves. ¿Qué pasaba?, la gente llegaba a denunciar la desaparición y las autoridades los cuestionaban si estaban seguros que habían sido autoridades de Estado”, comentó.
“Las autoridades poniéndoles la carga de la prueba a las familias, como si las familias tenían que presentar toda la información para saber si estaban o no involucradas las autoridades en esto. Cuando la obligación de ellos, era inmediatamente investigar y ellos determinar si se trataba de autoría de agentes del Estado”, manifestó.
De la visita y el posterior informe, Delgadillo narró cómo las familias y organizaciones sociales fueron escuchadas en los testimonios de sus casos, y pudieron constatar que las “clasificaciones” de las desapariciones eran anómalas e incorrectas.
“El Equipo de Trabajo dejó una cosa muy valiosa que nos ayudó mucho a nosotros, le dijo al Estado mexicano que no podía negar una desaparición forzada -si no ha investigado-, es decir, el Estado no puede negar esa denuncia de desaparición forzada, porque lo primero que tienen que hacer es investigar para determinar si la hubo”, reiteró.
“Y lo segundo más importante es que la carga de la prueba, tanto para demostrar que es un desaparición forzada o también para investigar otro delito, no está en las familias -ellas no tienen obligación- para demostrar si el caso se trata o no de desaparición forzada, eso le corresponde al Estado quien tiene la carga de la investigación”, reafirmó.
Delgadillo anunció que próximamente presentarán un informe junto al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en el que destaca las reglas a seguir de los Estados miembro en cuanto al manejo de las desapariciones forzadas de las personas.
“No hay tiempo establecido, puede ser 1 o 15 minutos o 24 horas, cualquier tiempo para los familiares sin contar con información de su familiar es desaparición forzada, porque sabemos que cada minuto es una tortura por saber de sus desaparecidos”, concluyó Delgadillo.
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