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Vanda Pignato
En esta oportunidad me quiero referir a un tema que en las últimas décadas ha cobrado un protagonismo importante en materia de derechos: los derechos de las personas consumidoras.
El interés por reflexionar sobre este ámbito de los derechos económicos y sociales, tiene a la base la incorporación masiva de las mujeres al mercado, hasta convertirse en el grupo poblacional de consumo más importante, numeroso y activo del momento y que desde nuestra perspectiva también incluye un ejercicio de autonomía económica de las mujeres.
En la actualidad las mujeres realizan el 80 % del total de las compras en el mundo. Mujeres de todos los estratos sociales, con o sin una educación, que forman parte de la actividad productiva y del mercado laboral y que, por sus múltiples roles, se convierten en consumidoras de bienes, productos y servicios.
Tomando este dato como referencia, una herramienta clave para ofrecer condiciones de seguridad y calidad en el consumo, es la regulación del mercado y la protección de los derechos de las personas consumidoras. Aquí justamente quiero centrar mi reflexión, ya que no todas las personas consumidoras padecen los embates del mercado de la misma manera. Las condiciones sociales, económicas, de orientación sexual e identidad de género tienen, como veremos, implicancias en la aplicación de la ley que tutela estos derechos; no es lo mismo ser clase media, clase alta o tener escasos recursos para decidir en dónde y qué comprar.
Afortunadamente en El Salvador contamos con una entidad robusta para proteger los derechos de las personas consumidoras. Vale destacar que la Defensoría del Consumidor es una de las entidades de Gobierno que mejor ha desempeñado su función en los últimos 10 años, en este sentido, puedo con certeza afirmar que este es un logro que podemos sumar a la gestión 2009-2019.
Según datos de la Defensoría del Consumidor, en su informe de logros 2018, esta entidad ha devuelto $6.5 millones a 9,992 personas consumidoras entre el 2014 y el 2018 a través de resoluciones favorables a casos colectivos e individuales.
El referido informe también señala que uno de los sectores con mayor incumplimiento a la ley son los supermercados, ocupando el 79.39 %. Casi 32,000 productos alimenticios se encontraron vencidos y sin fecha de vencimiento, representando un riesgo a la salud humana. Como saben, la mayoría de compradoras en este rubro somos mujeres, pues estamos al frente de la seguridad alimentaria de nuestras familias y, sin duda, en muchas ocasiones hemos estado frente a productos vencidos o por vencer ocultos bajo la viñeta de “ofertas”.
Ahora bien, sobre este tema en particular los candidatos presidenciales, excepto el candidato del FMLN, quien ha integrado en su programa de gobierno fortalecer este campo, no han hecho referencia o propuesta alguna a este respecto. Más preocupante – en mi opinión- es la ausencia de este tema en el discurso y las propuestas del candidato del partido ARENA siendo propietario de una de las cadenas de supermercados con mayor presencia en el país y perteneciente, además, a uno de los sectores con mayores incumplimientos a la ley.
Quien calla otorga, dice el sabio refrán. El señor Calleja sabrá por qué los derechos de las personas consumidoras están ausentes de sus propuestas.
Dejo a las y los consumidores esta reflexión. Recordemos que la decisión que tomemos sobre el rumbo del país pasa por reconocer quiénes son respetuosos de los derechos, de las leyes y de la institucionalidad.
