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José M. Tojeira
A pesar de los esfuerzos meritorios de diversos sectores, la cultura de Derechos Humanos en El Salvador es escasa. Las expresiones de odio o desprecio hacia las mujeres que expresan con libertad su opinión, nos deja ver que todavía un buen grupo de salvadoreños varones, que agreden o callan ante las agresiones, no se han dado cuenta de que todos y todas tenemos la misma dignidad. Salir con numerosos policías armados a supervisar una manifestación de mujeres que reclama igualdad de derechos, muestra la incomprensión y la ridiculez de unas fuerzas de seguridad que parecen temerle al derecho de libre manifestación. En vez de eso el Gobierno actual debía pedirle a la Asamblea Legislativa actual que reforme la Constitución y establezca un 40 % como cuota de género a partir de las elecciones de 2024. Y en mayo la podrían ratificar los de la nueva Asamblea, aunque al vice Ulloa no se le haya ocurrido el tema o no le guste.
A lo largo del año 2020, y en esto han coincidido todas las instituciones defensoras de Derechos Humanos, a las violaciones clásicas de los derechos económicos y sociales se han añadido otra serie de abusos que han limitado la libertad de movimientos, la seguridad jurídica y toda una serie de derechos garantizados por convenciones firmadas y ratificadas por El Salvador. El informe de Derechos Humanos del IDHUCA sobre el año mencionado, no deja duda de ello. Otros informes insisten en lo mismo. El Gobierno, la PNC, la Fiscalía y el sistema judicial han sido, por comisión u omisión, los mayores violadores de Derechos Humanos. En ciertos niveles gubernamentales, se acusa de ideológicos a quienes defienden derechos humanos. O incluso en su ignorancia, se burlan de derechos consagrados diciendo que quienes perdieron las elecciones van a tener que solicitar derecho de asilo. Caso aparte es el director de Centro Penales, que por su actuar da la impresión de que no conoce la Ley Penitenciaria de El Salvador. Además, con múltiples violaciones de los derechos de los privados de libertad, ha demostrado una ignorancia absoluta de convenciones y estándares internacionales que señalan modos de proceder coherentes con la finalidad que tienen las prisiones. Será bueno recomendarle la lectura, además de la ley, del manual publicado por la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU, titulado “Los Derechos Humanos y las prisiones”.
La falta de cultura de los Derechos Humanos tiene una larga historia. Una de sus causas fundamentales ha sido la despreocupación de instituciones estatales y especialmente de los políticos en general, que ni se han preocupado demasiado por ellos, especialmente en el campo de los derechos económicos y sociales, ni ha tratado con seriedad de corregir abusos institucionales. El control de la política a través de grupos oligárquicos económicos, y de militares a su servicio silenciaron durante mucho tiempo los esfuerzos de algunos salvadoreños por impulsar los derechos de los pobres. La brutalidad de una guerra civil con múltiples y graves abusos de Derechos Humanos ha dejado también una herencia que dura hasta ahora y que contemplamos en la tradición de impunidad, en las trampas judiciales y en el irrespeto a las propias leyes.
Los Derechos Humanos son en primer lugar una moralidad externa al poder. La famosa “moralidad notoria” de la que habla la Constitución, ni sería moralidad, ni mucho menos notoria, si no tuviera en cuenta los Derechos Humanos. Porque estos se fundamentan en los valores básicos de la persona. En la práctica, la moralidad notoria de demasiados funcionarios no ha sido en nuestra historia más que fariseísmo notorio, es decir, apariencia de moralidad. Salir del fariseísmo y optar por respetar y trabajar sistemáticamente en favor de los Derechos Humanos es el único camino que tenemos para construir un desarrollo fraterno y capaz de potenciar las capacidades de nuestra población y ponerlas al servicio de todos. Crear cultura de Derechos Humanos nos hará mejores personas a todos.
