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Por Mauricio Funes
Comencemos por aclarar que en El Salvador no sólo el FMLN representa o sustenta un pensamiento de izquierda.
Existen en el movimiento social, en la academia y en la intelectualidad una buena cantidad de personas que se definen como de izquierda.
En buenas cuentas hablamos no sólo de la izquierda partidaria, sino de un espectro organizacional más amplio.
Dadas las circunstancias y los problemas económicos y sociales que vive el país, dado además el resultado de las pasadas elecciones en las que el FMLN no ganó ningún Diputado ni ningún alcalde y quedó en un distanciado segundo lugar frente a Bukele, y tomando en cuenta la crisis interna y la debacle electoral que enfrenta, son varios los desafíos que se le plantean a futuro a la izquierda salvadoreña, especialmente a la izquierda partidaria representada por el FMLN.
Uno, quizás el más importante, es el relacionado con el crecimiento y acumulación del movimiento social y de las organizaciones populares.
Por años el movimiento social estuvo diezmado y casi absorbido por las exigencias de la guerra civil de los años ochenta.
La dinámica militar se impuso a la dinámica social y la mayoría de las organizaciones sociales y populares fueron finalmente subsumidas por la conformación de un ejército rebelde en todo el territorio nacional.
Tanto así que hasta se perdieron las identidades de estas organizaciones populares que dejaron de existir como tales.
El Bloque Popular Revolucionario (BPR) y las organizaciones que lo integraban y que fueron constituidas por las FPL como su frente de masas; el Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), creado por la Resistencia Nacional como su base social y de masas; las Ligas Populares “28 de Febrero” que fueron la expresión social del ERP que fundó el ex comandante Joaquín Villalobos; el Movimiento de Liberación Popular (MLP) creado por el Partido de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) que fundó Francisco Jovel (alias Comandante Roberto Roca) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) que comandaba Jorge Shafick Handal y que en los años ochenta pasó de la lucha política electoral a la lucha armada, todas estas organizaciones acabaron subsumidas por las exigencias que impuso la guerra civil contra el régimen cívico militar que siguió al Golpe de Estado de 1979 y que fue fuertemente apoyado por Estados Unidos a lo largo de toda la década de los ochenta.
En este sentido, con el conflicto armado estos frentes de masas pasaron de la lucha callejera, de la organización de huelgas y tomas pacíficas de fábricas y fincas, en suma, de la lucha reivindicativa política y social a la lucha armada.
La mayoría de sus cuadros dirigenciales pasaron a convertirse en jefes militares y vivieron todos esos años en la clandestinidad.
Luego de los 20 años de gobiernos neoliberales que comenzaron con el ex Presidente Alfredo Cristiani y que terminaron su primer ciclo con la derrota de ARENA en el 2009, período en el que el movimiento social volvió a resurgir y estructurarse a partir del impacto económico y social de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en la población pobre del país y en la clase media, la mayoría de las organizaciones populares y sindicatos de entonces han retomado ahora su dinámica y han comenzado a salir del área de influencia del FMLN.
Quizás por primera vez nos encontramos ante un movimiento social desligado del hegemonismo característico del FMLN, que busca crecer y acumular fuerzas por su propia cuenta, que busca ocupar nuevamente las calles como escenarios de lucha para defender las conquistas sociales logradas en los diez años de gobiernos del FMLN y que busca su autonomía como movimiento social que no sigue directrices partidarias.
Este sin duda puede ser el germen de una nueva fuerza política de izquierda que vaya más allá de lo que logró el FMLN desde que se convirtió en partido político legal luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
El segundo desafío tiene que ver indudablemente con el futuro político del FMLN, hasta ahora el único partido de izquierda en el país.
Como lo he sostenido en otras ocasiones, actualmente el FMLN enfrenta una debacle electoral y una crisis de representación política sin precedentes.
Esto no había ocurrido desde que se convirtió en partido político legal poco después de la firma de los Acuerdos de Paz.
El FMLN es un partido que ha venido a menos desde que perdió el control del Ejecutivo en el 2019 cuando quedó en tercer lugar con apenas 390 mil votos.
Crisis que se profundiza en el 2021 cuando vuelve a caer la votación del partido y no logra más que 4 Diputados y unas 30 Alcaldías.
En estos momentos el FMLN no tiene ninguna representación parlamentaria y tampoco controla alguna de las 44 Alcaldías del país.
Comparado con el 2018 cuando tenía 23 Diputados y 60 alcaldes, ahora el FMLN es una fuerza política insignificante y sin incidencia en la vida política nacional.
Refundarse, recuperar su identidad como representante del ideario popular y asumir su rol como fuerza revolucionaria y transformadora que lidere los cambios que el país necesita es uno de sus principales desafíos.
El FMLN tiene que llevar a cabo un proceso de refundación si quiere sobrevivir a la debacle que enfrenta.
Esta refundación va más allá de una simple reestructuración interna de sus mandos y dirigentes.
No basta con elegir nuevas autoridades del partido.
El FMLN debe romper el cordón umbilical que lo mantiene atado con las prácticas corruptas de uno de sus dirigentes emblemáticos.
José Luis Merino convirtió al partido en una maquinaria electoral para hacerse del poder y de esa forma favorecerse de la gestión pública para enriquecerse y fortalecer económicamente al grupo político empresarial que dirige.
Alba Petróleo perdió su propósito inicial.
Dejó de ser una empresa que obtenía sus ganancias de la comercialización del Petróleo Venezolano con las que fondeaba y financiaba programas sociales de beneficio para las familias pobres del país para convertirse en un grupo empresarial que se dedica a invertir en otros rubros que generan jugosas ganancias y a lavar dinero de procedencia ilegal.
Muchas de las operaciones de las 23 empresas del Grupo ALBA son inversiones en empresas fantasmas, conocidas como empresas de cartón, que trasladan y lavan sus ganancias en paraísos fiscales.
Para ello, Merino ha debido de colocar algunas de sus piezas en el actual gobierno y mantiene desde el 2012 una alianza política y empresarial con la familia Bukele, ahora convertida en el clan gobernante, que le ha resultado funcional a sus propósitos.
Como lo he planteado en otros artículos, Merino es el jefe de una estructura delictiva.
Otros dirigentes del FMLN más que testaferros han sido sus operadores políticos, como Orestes Ortez, tío de Bukele, y Roberto Lorenzana, ex secretario técnico de Sánchez Cerén.
Todos ellos poseen cuentas bancarias tanto en El Salvador como en otros países que son verdaderos paraísos fiscales.
Otro mecanismo utilizado para el blanqueo de capitales, como lo señala una investigación de la agencia latinoamericana INFOBAE, es otorgar créditos a empresas quebradas que finalmente no son cancelados, con los que el grupo ALBA se hace de la posesión de esas empresas.
Es el caso del préstamo de $13.5 millones de dólares otorgado a PRECOSAL SA de CV (Precocidos de El Salvador) propiedad de Pablo Salvador Anliker, primer Ministro de Agricultura y Ganadería del gobierno de Bukele, y que se dedica a la producción, comercialización e importación de alimentos, sobre todo, de granos básicos, y que ahora ha pasado a formar parte de las empresas de Alba Alimentos.
Esto motivó una investigación del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra del Grupo Alba.
Asimismo, el ex Fiscal General Raúl Melara, destituido ilegalmente en Mayo del 2021, abrió por su cuenta y siguiendo directrices de EEUU una investigación penal por lavado de dinero en contra de este grupo empresarial y confiscó un poco más de $33 millones de dólares depositados en cuentas bancarias en El Salvador.
Con la llegada de Rodolfo Delgado a la Fiscalía, la investigación fue archivada y lo más probable es que por estos días sean liberados los fondos confiscados en el 2019.
Esta evidente corrupción no debería ser tolerada por la dirigencia actual del FMLN.
Resistirse al debate interno y a la depuración de uno de sus exdirigentes convierte en cómplices de este delito a los miembros de la Comisión Política.
No puede haber refundación del FMLN sin depuración de sus mandos y de su actual conducción.
A juzgar por algunas declaraciones que sobre este tema han adelantado varios miembros de la CP, así como por Oscar Ortiz y el Chino Flores, lo más seguro es que el debate no ocurra y que sea evitado por sus actuales dirigentes.
Y es que, en el fondo, la caída en desgracia de José Luis Merino implicaría la caída de varios de los dirigentes actuales y ex funcionarios del segundo gobierno del FMLN.
De ahí la resistencia a abordar con seriedad este tema antes de las elecciones internas convocadas para Julio próximo.
Acá es donde se plantea entonces el tercer desafío.
La izquierda si quiere sobrevivir a esta debacle deberá buscar un nuevo referente partidario, distanciado del partido actual.
El desafío consiste en construir nuevos liderazgos capaces de conducir esta transición y capaces de renovar el ideario fundacional con el que nació el FMLN.
Solo así el nuevo partido de izquierda podrá ejercer una oposición eficaz que defienda las conquistas alcanzadas en los diez años de gobierno del FMLN y que emprenda en un futuro inmediato los cambios que quedaron pendientes y que urgen para mejorar las condiciones de vida de la población.
Las esperanzas están puestas entonces en ese nuevo liderazgo de izquierda social que puede, con el tiempo, llegar a convertirse en los referentes fundacionales que requiere un nuevo partido de izquierda.
