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Tomado de YSUCA
En el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, está la Finca Argentina, donde unas 135 familias han sido desalojadas de los terrenos donde vivían y utilizaban para cultivar. Vivían en casas de lámina y madera, ahí sobrevivieron más de cinco años.
Pero hace tres meses una empresa llegó a la zona a construir un muro que rodeó las viviendas y tras la finalización de la construcción les pidieron a las familias que desalojaran, de no hacerlo la maquinaria les destruiría las casas.
Argumentaron que son propietarios del terreno y que en esa zona se instalarán paneles solares.
Pero un representante de las familias asegura que el terreno es propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y, a su juicio, esas tierras no pueden venderse, además el lugar es una zona protegida.
El terreno de la Finca Argentina está rodeado por un muro y al interior sólo pueden entrar quienes están sacando sus pertenencias y desarmando sus casas de lámina y madera. En la entrada hay vigilantes privados con armas de fuego, son quienes regulan la entrada a la zona donde se construirá un proyecto con paneles solares.
Otro de los habitantes afectados dice que se han incumplido los procesos legales del desalojo, ya que se han destruido los cultivos que servirían de alimento para las familias. El lugareño mencionó los apellidos de quienes, ahora, están a cargo de las tierras.
En las calles se observan camas, sillas, mesas, láminas y otras pertenencias de las familias desalojadas. Quienes pueden pagar un transporte se llevan sus pertenencias, pero quienes no tienen a donde ir, se han quedado a orilla de la calle sin saber qué hacer.
Una de las personas desalojadas dijo a YSUCA que además de ser sacados de los terrenos, han sido presionados para no guardar evidencias. A una mujer que grababa un video le retorcieron los dedos para quitarle el teléfono y borrar las imágenes del desalojo, comentó la fuente.
Más de 100 familias que habitaban en la Finca Argentina de San Juan Opico, departamento de La Libertad, se han quedado sin una vivienda ni tierra para cultivar.
Piden que se investigue de qué manera la empresa obtuvo esa propiedad, porque a juicio de los afectados el lugar pertenece al ISTA.
