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Gloria Silvia Orellana
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Luis Benjamín Cruz, cuya comunidad se encuentra en la Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, denunció el desalojo de más de 200 familias. Luego, con maquinaria destruyeron las humildes viviendas, dejándolas sin un techo en donde resguardarse desde este viernes 10 de mayo.
“Hemos venido ante la Fiscalía General de la República, y como representantes de la comunidad La Floresta, venimos a pedir ayuda para que nos resuelvan el problema de la vivienda de la comunidad, la mayoría tenemos trabajos informales para subsistir”, informó.
“Estamos junto a la población aquí (Fiscalía) y nos hemos acercado para tratar de defender nuestros derechos y para hacernos valer como personas y buscar una solución de un problema que tenemos como comunidad”, reiteró Cruz.
El líder comunitario manifestó que su comunidad tiene aproximadamente 10 u 11 años de estar en la Hacienda La Floresta, y que llegaron bajo un asentamiento de veteranos en dicha zona.
“Vivimos por 9 años tranquilos en ese lugar, luego aparecieron unas personas diciendo que son dueños de ese lugar y de esos terrenos en donde está la comunidad. En un principio -ellos dijeron-, que iban a tratar de ayudar a la comunidad, porque nosotros teníamos bastante tiempo de vivir allí”, manifestó Cruz.
“La mayoría de personas que están aquí no tenemos una casa a donde ir a parar al sacarnos de allí. Ni mucho menos un terreno o los fondos para poder costear el precio de un terreno o de una vivienda de hoy en día”, sostuvo.
Asimismo, el líder comunitarios señaló que el mayor problema que tenían la mayoría de las familias era que el apoderado legal, sólo les está dando “días para que desalojen sus casas”, lo que lamentó por la vulnerabilidad económica y social en la que viven sus residentes.
“Allí, las personas no tienen a donde ir y si no tenemos un lugar en donde refugiarnos, estamos mal. Sé porque muchos no tenemos ingresos fijos para poder costearse una vivienda, entonces como comunidad estamos ante esta problemática y pedimos a la Fiscalía General de la República de Santa Tecla, que nos escuchen para resolverlo”, manifestó.
“Y lo peor, si nosotros no desalojamos el lugar en donde habitamos, pues llevan una máquina (retroexcavadora) con la cual destruyen la vivienda, sólo nos dejan que uno saque lo que puede o lo más importante, pero no nos dejan recuperar parte de lo que fue la vivienda que podríamos utilizar para volver hacer algo más adelante”, prosiguió Cruz.
Una carta sin firma del apoderado legal, con fecha del 13 de abril de 2024, señala que ya los propietarios se encuentran trabajando en la Hacienda La Floresta. Esta carta forma parte de los documentos que han presentado los líderes comunitarios a fin de resolver y aclarar la autenticidad de los supuestos dueños.
“Queremos darles las gracias por haber contribuido, proporcionando voluntariamente su información, esto es de gran valor para que nosotros diseñemos una plan humanitaria de ayuda que será presentado al Ministerio de Vivienda, proximamente”, detalla la carta.
“Nosotros ya estamos trabajando en la hacienda para que esto sea posible en un período corto de tiempo. Es necesario hacerles saber que su colaboración es muy importante para que un día no muy lejano puedan tener un lugar donde vivir y en donde realmente les pertenezca”, dice la carta.
Sin embargo, los habitantes de la comunidad piden “ser escuchados” por la Fiscalía y entidades de Gobierno, para buscar una solución en este caso, reconociendo que si bien no cuentan con una escritura que los “respalde” de vivir allí , pero aclaró que tampoco estas personas han llegado con un documento que les respalde a ellos para realizar el desalojo.
“Nosotros queremos aclarar esto y pedimos que ellos presenten estos documentos. Nosotros, hemos recurrido a la Procuraduría General de la República, en busca de ayuda y nos dijeron que lo que tenemos que hacer prontamente es buscar un abogado que nos represente con el caso y que el abogado haga las investigaciones necesarias para dar una respuesta a la comunidad“, comentó Cruz.
En la carta del apoderado legal de la Hacienda La Floresta, les advierte “no omitimos manifestarles que por su bien y del proyecto que estamos llevando a cabo es importante evitarse de emitir información falsa o especulaciones acerca del trabajo que se está realizando, porque esto sólo generan zozobra“.
Además, se desvinculan de cualquier señalamiento de compra venta. “Les queremos reiterar que no tenemos ni hemos tenido a nadie que en nombre de nosotros pueda asignar de forma permanente o temporal ninguna parcela o solicitarles cualquier cantidad de dinero”.
“Si esto les ha pasado y por su propio bien denunciénlo ante las autoridades competentes. Porque dicha actividad constituirá un delito de Estafa Agravada, que es un delito penado con hasta 8 años de cárcel”. “Nosotros, lo que les pedimos de favor a la Fiscalía y el Gobierno es que miren la necesidad de no sólo de unas personas, sino de un aproximado de 285 familias, que estamos siendo afectadas en este momento”, puntualizó Cruz.
