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Luis Colato Hernández
Educador
Las desapariciones forzadas son un fenómeno de larga data en nuestro país, practicada antes de iniciarse el conflicto armado, como durante el mismo, por agentes del estado como recurso dirigido a aterrorizar e intimidar a la sociedad civil, en el ánimo de garantizar el statu quo vigente además de los privilegios de las élites.
Para el caso, aún está por resolverse el tema de las desapariciones forzadas provocadas por agentes del estado antes y durante el conflicto armado, por lo que no es extraño contemplar familias buscando a sus seres queridos desaparecidos entonces, aún en nuestros días.
Recordemos por ejemplo cuando durante la remodelación del cuartel central de la PNC durante la administración Flores se encontraron huesos en el recinto, lo que llevó a varios ciudadanos a demandar a la administración las debidas pruebas forenses para identificarlos, encontrando por única respuesta aquel vergonzoso, humillante y bucólico “son huesos de pollo” de parte del propio ejecutivo.
Debe servirnos esa experiencia para comprender porque ahora mismo el estado es incapaz, por su responsabilidad tras el fenómeno, de responder a las desapariciones forzadas de cientos, quizás miles de salvadoreños, para quienes simplemente carece de ninguna respuesta.
Y es que la negativa de parte del actual régimen de reconocer el fenómeno no solo responde a la pretensión de rechazar que los desaparecidos desaparecen bajo su gestión, admitiendo así que su plan de control territorial, ¡no controla nada!, pero además porque supone que el estado asuma su responsabilidad histórica para con las desapariciones forzadas de ciudadanos salvadoreños por razones políticas, admitiendo culpa y responsabilidad, lo que habría de derivar en la adhesión de los protocolos internacionales que, sobre el tema, el estado salvadoreño debió haber abrazado y puesto en práctica hace ya tres décadas.
Ahora mismo el fenómeno de las desapariciones forzadas se ha salido de control, no solo por el inhumano desconocimiento que del mismo hace la administración, sino porque su propia desidia ha impulsado a los verdugos a volverse más audaces, pues en las actuales circunstancias, el tácito desconocimiento de parte del estado de este particular delito, hace del mismo, uno que se encuentra en una suerte de limbo jurídico, pues el cooptado aparato judicial hace maromas para endilgar los casos conocidos como producto de otra administración, y no de la presente.
Ello además de favorecer, extender y agravar la impunidad sobre el tema, se constituye en una motivación fáctica.
Debemos sumar a la ecuación el agravamiento que supone los arreglos que la presente administración tuvo con el terrorismo doméstico, responsable del mayor número de desapariciones de acuerdo a la FGR, y que implica algún grado de responsabilidad por omisión en el tema, lo que procura lavar mediante la presente campaña persecutoria que, contra el hampa juvenil, procura empleándose a fondo.
Ello explicaría tanto lo mediático, como lo rabioso de la campaña.
Debemos entonces comprender que esta tragedia nos afecta a todos, pues su prevalencia nos hace a todos víctimas, del orden que niega la dignidad de todo ciudadano en nuestro país.
