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Saúl Méndez
Colaborador
Rodrigo Alejandro Montalván Ramírez desapareció el 20 de febrero de 2015, desde ese momento, su madre, Silvia Montalván, interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de individualizar a los responsables de la desaparición y dar con el paradero de Rodrigo. Hasta la fecha no hay avances importantes en la investigación de la Fiscalía.
El 13 de julio del año 2023, se presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de Amparo con el número de referencia 183-2023. El amparo busca que las actuales autoridades de la FGR cumplan con las diligencias necesarias para emprender una verdadera investigación que permita conocer el paradero de Rodrigo.
El 27 de noviembre de 2024, la Sala notificó una resolución en la que estableció cuatro prevenciones antes de admitir la demanda. Tras evacuar dichas prevenciones, el 2 de diciembre del mismo año, la Sala no ha emitido ningún pronunciamiento adicional sobre el caso.
Silvia Montalván lamentó la falta de respuestas por parte de las autoridades durante los últimos años. «Cuando desapareció mi hijo yo me aboqué a la Fiscalía, pensé que me iban a hacer una difusión de mi caso, pero no. La policía lo único que le dice a uno es: «regrese a su casa, ya va a llegar, se ha ido con sus amigos»», dijo la madre de Rodrigo.
«Tengo 10 años de estar buscando a mi hijo y a la fecha no he recibido ni una llamada de la Fiscalía. Mi hijo es simplemente un número», expresó Silvia.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha acompañado a la madre de Rodrigo en su búsqueda de justicia y alertó que ante la inactividad de la FGR en estos diez años se vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción y el derecho de conocer la verdad a una madre buscadora.
«Actualmente, estamos en espera de que la Sala resuelva esas prevenciones y admita la demanda de Amparo. Esto se hizo para que la FGR retome las investigaciones y dar con el paradero de Rodrigo», explicó FESPAD.
A pesar de los intentos por evacuar las prevenciones realizadas por la Sala de lo Constitucional, Héctor Carrillo, director ejecutivo de FESPAD, advirtió que la misma pretende desechar el amparo por «falta de agotamiento de los recursos», el cual es uno de los criterios que se maneja en el derecho constitucional para admitir un amparo.
FESPAD explicó que la resolución contradice un precedente que ya había admitido la Sala en el año 2023, con el Amparo 314-2022, que corresponde al caso de Josué, un adolescente de 14 años de edad desaparecido en el año 2011.
«Los hechos y fundamentos del amparo en ese caso son los mismos que el actual caso. Tuvo que haber existido la misma decisión de admitir el amparo. Sin embargo, optaron por prevenciones», aseveró Carrillo.
Prueba de ello es que la Sala de lo Constitucional preguntó a la fundación si se hizo uso del mecanismo establecido en el Artículo 17 del Código Procesal Penal.
En el artículo 17 se habla sobre un mecanismo que existe al interior de la FGR para poder pedir al fiscal del caso que se pronuncie sobre el mismo. Cuando han pasado cuatro meses sin la pronunciación del fiscal, se puede pedir a la FGR que lo haga. De lo contrario, se acude al fiscal superior.
«El fiscal superior lo que tiene que hacer es requerirle al fiscal del caso que se pronuncie. El artículo 17 señala que, si a pesar de eso no hay un pronunciamiento sobre el caso, se convierte en «pleno derecho a la acción». Es decir, que, si se hubiese utilizado ese mecanismo y no se hubiese tenido respuesta de la Fiscalía, la responsabilidad de la investigación se traslada del Estado hacia la víctima», mencionó el director de FESPAD.
Carrillo subrayó que esto pondría la carga de la investigación en las familias de las personas desaparecidas, quienes carecen de los medios para llevar a cabo un proceso de este tipo.
«En este caso no aplica porque ese recurso no era eficaz. Si se utilizaba y no se atendía por parte de la Fiscalía implicaba que a la familia le toca hacer la investigación. No hace sentido en la complejidad de un hecho como este», agregó.
Por otra parte, la fundación mencionó que tenía muchas expectativas en la actual composición de Sala de lo Constitucional.
«Teníamos esperanzas, pero no estamos viendo ningún resultado. Hay personas con trayectoria académica, profesionales que uno esperaría que resuelvan apegados al derecho. Hemos presentado cuatro amparos en relación a cinco personas sobre este tema. Pero no estamos viendo los resultados», dijo el director de FESPAD.
Carrillo también exhortó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos a que den seguimiento a la actuación de la FGR.
De ser favorable la resolución de la Sala de lo Constitucional, también implicaría que la Asamblea Legislativa eventualmente apruebe de una ley especial que permita mayores herramientas a las autoridades para poder llevar a cabo los procesos de búsqueda y para atender a las familias de las personas desaparecidas.
Silvia Montalván espera que su caso pueda ser resuelto para finalmente poder cerrar un ciclo. «Yo lo único que pido es que me lo devuelvan porque me tienen viviendo sin su presencia», concluyó.
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