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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Sin ninguna dificultad se reconoce que el Estado debe estar organizado en función de la persona humana, en función de todos los habitantes, sin discriminación alguna. Para cumplir esta finalidad le ha sido dada su potestad de establecer impuestos, contribuciones especiales, tasas y multas. En lo local, los gobiernos municipales tienen la misma potestad y los mismos deberes; y es la desigualdad acumulada en la vida real la que hace diferencias sociales a partir de la condición socioeconómica de las familias.
En los años ochenta, el reconocimiento de las enormes brechas económicas y los conflictos generados hizo surgir la tendencia a crear Fondos para “invertir” en el desarrollo local; así se crearon los llamados FIS, FISDL para el caso salvadoreño, los cuales tenían la posibilidad de invertir fondos de préstamos en obras para las cuales los municipios concursaban y aportaban, junto a las comunidades, contrapartidas importantes; en nuestro país, en los años 90, esto facilitó la corrupción, la discrecionalidad para definir a quién apoyar y el otorgamiento de prestaciones al margen de la ley para los funcionarios y empleados del FISDL. En este sentido, es inolvidable la condena de haber entregado 18 millones por parte de una de sus directoras.
Después de la firma de la Paz, y especialmente con el resultado electoral de 1997, cuando el FMLN ganó 50 municipios del país, se emprendió una batalla a favor de que el Estado, su gobierno central, redistribuyera una parte de los ingresos tributarios para potenciar el desarrollo de los municipios, pues se reconocía la débil presencia de los Ministerios en lo local y las inversiones públicas eran escasas y concentradas en pocas obras, y beneficiaban especialmente las áreas urbanas. La pelea por el FODES dio como resultado una ley que obligó a redistribuir inicialmente el equivalente al 5% de los ingresos tributarios netos. La novedad fue que todos los municipios recibieron algo con base a criterios de población, territorio, pobreza y capacidad de gestionar recursos propios.
El municipalismo se abrió paso cuando hubo recursos puestos en manos de los Concejos Municipales, sin que esto dejara de tener la inversión del FISDL; los estudios iniciales realizados por instituciones serias determinaron los beneficios para el pueblo de esta decisión; desafortunadamente la seguridad de llegar a contar con esos recursos, ha convertido al FODES en garantía de endeudamiento municipal con la banca privada, con intermediarios financieros y cooperativas, de modo que para muchos municipios esta condición para responder a sus habitantes ha sido comprometida por sus antecesores y se convierten en simples pagadores de deuda. El espíritu de ayudar al desarrollo local, para que a su vez esto represente indicadores de desarrollo nacional ha sido burlado en la mayoría de casos y esto obliga a pensar seriamente en cómo asegurar que sirva a todos en la justa medida que el tiempo le permite gobernar a un determinado Concejo Municipal.
El FODES, entre 1999 y 2009 llegó a la suma de 227.9 millones de dólares y entre 2009 y 2016 alcanzó la suma de 351 millones. En un inicio, se permitía usar dicho fondo para cubrir gastos administrativos hasta en un 20% de lo que cada municipio recibe; con el paso del tiempo y ejerciendo presiones, esto pasó a 25%. En lo local, las comunidades requieren agua, acceso a la energía eléctrica, espacios recreativos, procesos participativos y formativos para grupos específicos como las mujeres, la juventud y otros; estos procesos y obras deben responder a las necesidades de la población y gestionarse cumpliendo los requerimientos de ley y de control, tanto de la población como de las entidades nacionales.
Ahora, a diferencia del momento en que el FODES fue creado en 1998, las unidades administrativas del gobierno central sí invierten en lo local, mediante la extensión de servicios de salud, de educación, de convenios de obras públicas y de obras que buscan mejorar la conectividad del país. Era impensable en el pasado, que se abrieran carreteras como la que une la carretera Panamericana con la Litoral, cruzando los municipios de la cordillera del Bálsamo; o intervenciones como la que hace el Ministerio de Turismo en la promoción de Pueblos Vivos y el desarrollo de obras en algunos municipios, como las que se desarrollan en Usulután y La Libertad.
El fin último de cada una de estas inversiones, y sobre todo, del FODES, debe ser el de apoyar a la gente, el de disminuir la desigualdad, el de crear mejores condiciones de vida de la gente. Por eso es oportuno repensar el FODES, y que deje de ser pretexto para la desestabilización que impulsa la derecha contra el actual gobierno, que es el que más ha apostado al desarrollo local, más allá de las transferencias financieras realizadas, las que en algunos casos han sido utilizadas para otorgar salarios mayores al del Presidente de la República.
