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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El desempleo ha sido desde siempre uno de los factores que orillo la migración ilegal de nuestra población, pues las opciones laborales son siempre reducidas, y las pocas que hay no suponen ingresos que admitan la movilidad social.
Quienes por otro lado y en razón a su esfuerzo, poseen los saberes y las habilidades académicas que los califican por estos méritos para acceder a los espacios laborales, deben las más de las veces cuando carecen de relaciones e influencias, dejarlos a quienes sí las tienen.
Así y a pesar de que contamos con muchos profesionistas, con probadas calificaciones, no son sus capacidades las que aseguren su acceso al trabajo, sino los padrinazgos que los amparen.
De esa suerte la fuga de cerebros para nuestro país ha sido grave y dolorosa.
Sin embargo, no es solo por esa vía que a la población se le niega un derecho tan fundamental contemplado en la Constitución.
Así, y en lo que va de la actual administración, al igual que todos los predecesores de la derecha partidaria, el despido de funcionarios públicos ha sido de nuevo un penoso calvario para muchos trabajadores.
Empero la actual administración se ha empleado a fondo en el tema de los despidos, separando de sus funciones hasta a 25,000 empleados públicos, lo que supone una cifra sin precedentes en la administración de la cosa pública.
Por otro lado, la carencia de una política coherente en materia financiera, y que responda a un plan sustentable de parte del gobierno central, ha sido en cambio sustituida por la permanente improvisación, que para colmo se acompaña de una corrupción generalizada en todos los niveles, superando a la que padeció el país durante los regímenes militares y de arena.
Ello tiene su contraparte en la intencionada descomposición del aparato judicial, cooptado por el ejecutivo luego del autogolpe que le infligiera, que acabara con la legitimidad y la legalidad de ambos.
Podemos apreciarlo en la ausencia total de certeza jurídica, lo que no atrajo ni atraerá ninguna inversión a pesar de la relativa seguridad alcanzada por el estado de excepción, pues a la ya referida generalizada corrupción en que ha derivado todo el estamento gubernativo, debemos añadir las componendas que este mantiene con el hampa y el narco, observadas en el creciente tráfico de drogas que el territorio sufre por ello.
La pérdida de hasta 250,000 empleos del sector privado, como los crecientes porcentajes de migrantes ilegales salidos del territorio reportados por las autoridades guatemaltecas y mexicanas, que habrían ya alcanzado los números que padeciera la pasada administración Flores, así lo patentiza.
Entonces los continuos desaciertos en materia económica, la equivocada politiquería en el ejercicio mismo de la administración, la permanente improvisación y la ausencia de visión de país, constituyen la fórmula del descrédito y aislamiento al que el régimen ha llevado al país, lo que redunda en anular las posibilidades de asegurar un futuro si las condiciones no retornan a la legalidad.
Y eso es improbable con el actual régimen.
