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Tijuana / AFP
Sofia Miselem / Yemeli Ortega
Unos 1.000 centroamericanos se manifiestaban el domingo ante el puente fronterizo que en Tijuana separa a México de Estados Unidos mientras crece la desesperación de los migrantes y Donald Trump presiona a su vecino del sur para que los albergue a la esperar de obtener refugio.
Por la mañana, en el albergue donde se encuentran unos 5.000 centroamericanos en condiciones de hacinamiento, mientras unos hacían enormes filas parar recibir un desayuno, otros se preparaban para protagonizar otra marcha hacia el puente fronterizo El Chaparral, luego de que el pasado jueves hicieran lo mismo mientras desde Estados Unidos se realizaba un ejercicio de seguridad en el que se utilizaron incluso gases lacrimógenos.
Los migrantes improvisaron pancartas con mantas en las que dibujaron las banderas de México, Honduras y Estados Unidos, otros escribieron lemas como «#Todos somos hermanos», «Gracias México por albergar a nuestros hijos», «Trump no somos tus enemigos».
Helicópteros estadounidenses seguían desde el cielo los movimientos del albergue, localizado muy cerca de la valla que separa a Tijuana de San Diego, California.
Esta estrecha vigilancia es parte del dispositivo de seguridad ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusa a los centroamericanos de pretender invadir Estados Unidos luego de cruzar México en una gigantesca caravana.
La paciencia de los centroamericanos, en su gran mayoría hondureños, llega a su límite al darse cuenta de que podrían pasar meses para que puedan cruzar la frontera para solicitar refugio, con el argumento, principalmente, de que huyen de la pobreza y la violencia en sus países.
– Presiones desde Estados Unidos
A medida que se acentúan las tensiones en Tijuana, desde Estados Unidos Trump presiona a México para que acepte que los centroamericanos permanezcan en su territorio a la espera de que se resuelva su solicitud de refugio.
El diario The Washington Post publicó el sábado que Estados Unidos y el próximo gobierno mexicano, que será encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, se encaminan a un acuerdo sobre este tema.
Olga Sánchez Cordero, actual senadora y futura ministra de Gobernación (Interior) y quien era citada por el diario estadounidense para confirmar el acuerdo, precisó en un comunicado que aún no se ha cerrado pacto alguno, que el nuevo gobierno asume el 1 de diciembre y que tienen una política de «brazos abiertos» con los migrantes, con especial acento en la protección de los derechos humanos.
Una de las exigencias de Trump es que México se convierta en «tercer país seguro» que albergue a los aspirantes al refugio en Estados Unidos a la espera de que se les resuelva su petición.
Sánchez Cordero adelantó que el futuro gobierno de México no aceptará hacer de «tercer país seguro», si bien The Washington Post aseguró que la senadora admitió que esa sería una «solución de corto plazo».
La noche del sábado, Trump lanzó en Twitter dos mensajes en los que reitera que los «migrantes en la frontera sur no tendrán permitido entrar a Estados Unidos hasta que sus pedidos sean aprobados de manera individual en la corte» y que «todos permanecerán en México».
El mandatario amagó nuevamente con cerrar los más de 3.200 kilómetros de su frontera sur y este domingo sostenía en otro mensaje que sería «INTELIGENTE» que México detuviera a los migrantes antes de que entren en su territorio. Sobre estos amagos de Trump, el senador republicano Joni Ernst dijo a la cadena CNN que prefieren «mantener abierta» la frontera y que ve estas presiones de Trump como una «estrategia de presión».
«Estamos viendo resultados. México (…) ahora está diciendo que mantendrán a los solicitantes de asilo en México hasta que solucionen su situación», añadió.
– Doble espera
El gobierno saliente de Enrique Peña Nieto ha rechazado ser tercer país seguro, aunque también ha lanzado programas de empleo en Tijuana que exhortan a los centroamericanos a permanecer en México mientras esperan su turno para presentar su petición de refugio.
Dolores París Pombo, experta en migración del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Tijuana, dijo a la AFP que una política similar a la que exige Trump se aplica de facto en México.
«Ya sucede en los hechos desde 2016. Los migrantes, en su mayoría centroamericanos, llegan a frontera y se tienen que apuntar en un cuaderno que circula entre los migrantes, que no sabemos quién controla, para esperar meses a presentar su solicitud», dijo.
De llegar a concretarse el acuerdo de «tercer país seguro», se trataría de una «doble espera» en territorio mexicano pues se les obligaría a regresar a México a aguardar su audiencia en la corte.
«Las leyes estadounidenses establecen que la solicitud debe ser procesada en 180 días, pero en algunos casos pasan hasta cinco años. ¿Qué van a hacer esos años en México?», añade París Pombo al señalar que con estas medidas ambos países buscan «desalentar» la migración.
Otras caravanas, de menor número y ya muy dispersas, siguen el mismo camino hacia la frontera de Estados Unidos, aunque las autoridades migratorias sí mostraron mano dura la semana pasada al deportar a sus países a un grupo de cientos de centroamericanos que cruzaron ilegalmente desde Guatemala a México.
