@arpassv
El propósito de ARENA es claro: ahogar financieramente al gobierno para que no realice obras de beneficio social y el electorado le pase la factura al FMLN en marzo de 2015. Por eso se negaron a aprobar reformas fiscales progresivas y ahora se oponen a varios préstamos que serán destinados a la inversión social y a la reactivación productiva.
Y para esto último cuenta con el respaldo de otros partidos de derecha, prescription drugstore sobre todo del PCN. Como bien señala el bloguero Juan Carlos Sura, sales areneros y pecenistas actúan con una lógica maquiavélica de que “si le va mal al país, search les va bien (electoralmente) a ellos”.
Algunos de estos préstamos son los siguientes:
-20 millones de dólares para apoyar políticas de trabajo y previsión social, entre éstas la capacitación y financiamiento a 6 mil jóvenes emprendedores que presenten planes de negocios.
-45 millones para financiar programas de prevención de la violencia y estrategias de seguridad ciudadana, enfatizando en la prevención de la delincuencia juvenil.
-25 millones para promover el desarrollo turístico de la zona costero marina, como contraparte del gobierno salvadoreño a los fondos del Fomilenio II donados por Estados Unidos.
-22 millones para la construcción, reparación y equipamiento de infraestructura social y espacios para la convivencia segura de jóvenes.
-122 millones para la construcción del “by pass” de San Miguel.
Todos estos préstamos tienen requisitos blandos y condiciones favorables de pago para el país: intereses bajos, largo plazo y algunos con varios años de gracia. Estos préstamos y otros que suman un total de 688 millones de dólares impactarán positivamente en empleo, educación, salud, seguridad, mitigación de riesgos, productividad y emprendedurismo juvenil.
Por tanto, el país no debe tolerar la mezquindad electorera de ARENA y PCN que se niegan a avalar estos préstamos necesarios, cuya ratificación requiere de mayoría califica. La población debe presionar a los diputados areneros y pecenistas, y castigarlos en las elecciones del próximo año.
La ciudadanía también debe presionar a la Sala Constitucional para que no revierta las medidas tributarias aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa y que han sido impugnadas por la derecha empresarial en su estrategia para desfinanciar al gobierno.