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@arpassv
El Fiscal General de la República, pharm Luis Martínez, treat sigue postergando la judicialización del caso del ex presidente Francisco Flores. Durante la campaña electoral dijo que llevaría el caso a los tribunales hasta después de las elecciones, sovaldi pero todavía no lo hace.
El Fiscal General desoye la petición de las organizaciones sociales que le exigen una actitud diligente contra la corrupción y desacata el mandato de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que le pidió enjuiciar al ex gobernante arenero por enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y otros delitos.
Algunos de estos ilícitos penales van a prescribir el 31 de mayo próximo. Por tanto, si el Fiscal no judicializa el caso en los próximos días, los delitos del ex presidente Flores podrían quedar impunes. Así quedaron también los cometidos durante los gobiernos de Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani.
La omisión del Fiscal dejaría impune no sólo al ex presidente que se robó o malversó (aún no se sabe cuántos) millones de dólares donados por Taiwán y otros países, sino también al ex gobernante que dolarizó la economía, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, elevó el endeudamiento externo y aprobó el espurio contrato CEL-Enel que impidió al gobierno percibir 1,800 millones de dólares.
La desidia del Fiscal, además, dejará impune al ex presidente que implementó los fallidos planes “mano dura”, vetó más de 50 leyes, envió soldados a Irak, avaló el golpe de estado en Venezuela en abril de 2002 y dijo que el mayor honor de su vida era que George Bush II lo llamara “su amigo”.
Por eso la comisión legislativa debería citar al Fiscal para que rinda cuentas, y las organizaciones sociales impulsar nuevas acciones que presionen por la pronta judicialización del caso del ex presidente Flores.
Y si finalmente el Fiscal no judicializa el caso y la corrupción del ex gobernante arenero queda impune, proceden el ante juicio y destitución. La Asamblea tendrá que designar a un funcionario que sí investigue la corrupción y procese a los corruptos.
El país debe rechazar la corrupción y procurar un régimen institucional donde prevalezcan la transparencia, probidad y rendición de cuentas. La opacidad, el oscurantismo y la corrupción son prácticas del pasado que no se deben repetir. Y para esto es necesario investigar la corrupción de los gobiernos anteriores, así como también evitar nuevos actos de corrupción de los actuales y futuros funcionarios.
