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Por Leonel Herrera*
El pasado 19 de enero, el Juzgado de Paz de Victoria decretó detención provisional contra los líderes comunitarios y defensores ambientales de la Comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), sin argumentar por qué y a pesar de que la Fiscalía General de la República no presentó pruebas reales de la existencia de los delitos imputados y mucho menos de la participación de los acusados en el supuesto crimen cometido -según la Fiscalía- en septiembre de 1989, en el tramo final de la guerra civil salvadoreña.
Como ya es conocido públicamente, la principal “prueba” del asesinato de María Inés Alvarenga que posee la Fiscalía es el testimonio de un sospechoso “testigo criteriado” que había dicho a los fiscales haber presenciado el hecho, pero en la audiencia terminó admitiendo que a él “le contaron” lo sucedido. ¿Por qué, entonces, a pesar de la ausencia de pruebas, la retractación del “testigo” y el débil argumento de acusación, la jueza Ana María Velázquez de Escobar resolvió -contra toda lógica jurídica- mantener detenidos a los capturados?
En mi opinión las respuestas no son jurídicas, sino de otros ámbitos. Una es -como escribí hace un par de semanas- el objetivo de debilitar la resistencia comunitaria contra los proyectos mineros, para viabilizar las intenciones del gobierno de reactivar esta nociva industria que fue proscrita en la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada por unanimidad en marzo de 2017 luego de un amplio “consenso nacional anti minero”. En esta lucha Santa Marta y ADES tuvieron un rol central, por lo que el régimen quiere evitar que vuelvan a hacerlo.
(https://www.diariocolatino.com/golpe-al-corazon-de-la-resistencia-anti-minera/)
Ahora planteo otra razón relacionada con la narrativa del negacionismo histórico y el desmontaje de los Acuerdos de Paz efectuado por el régimen de los hermanos Bukele. La detención de los miembros de Santa Marta y los representantes de ADES sería un siguiente paso, aún más temerario y perturbador: una “nueva declaración de guerra” contra algunos protagonistas de los Acuerdos de Paz, una guerra de criminalización y persecución judicial que pretende sepultarlos en la historia como criminales de guerra y delincuentes de lesa humanidad.
Resulta que, además de privación de libertad y asesinato, la Fiscalía también acusa a los líderes comunitarios y defensores ambientales de Cabañas del delito de “asociaciones ilícitas”. Y esto es muy delicado, pues la “asociación ilícita” no se refiere a que los acusados se abrían organizado y coordinado para planear y cometer el supuesto asesinato, sino a que fueron miembros de una organización guerrillera, en este caso la Resistencia Nacional, una de las cinco agrupaciones armadas integrantes del FMLN que operó en Cabañas y otros departamentos del país.
Al criminalizar la pertenencia a organizaciones guerrilleras y definirlas como agrupaciones delincuenciales, la Fiscalía juega con el fuego de la historia porque pretende invalidar la Declaración Franco-Mexicana de 1981 que reconoció al FMLN (y sus organizaciones miembras) como fuerza beligerante y representativa, los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en 1992 y la Ley de Reconciliación Nacional promulgada también en enero del mismo año (no la ominosa Ley de Amnistía aprobada en marzo de 1993 y declarada inconstitucional en julio de 2016). En el siguiente enlace se puede leer esta normativa poco conocida y aún vigente:
La Fiscalía, incluso, va más allá y pretende criminalizar también la organización actual de ex miembros de la guerrilla al afirmar que estas personas continúan organizadas hasta hoy para defender sus intereses. ¿Se refiere a las asociaciones de veteranos y veranas, cooperativas de ex combatientes, comunidades repobladas de exiliados por la guerra, ONGs que tienen como miembros o beneficiarios a ex integrantes de organizaciones guerrilleras? ¿Fiscalía y Sistema Judicial buscan criminalizar a estas expresiones organizativas y perseguirlas penalmente?
Si la respuesta es afirmativa, estaríamos ante una nueva “declaración de guerra” del Estado salvadoreño contra toda “organización ex guerrillera”, una “guerra judicial y política”. Así, el régimen de los Bukele culminaría el desmontaje de los Acuerdos de Paz y comenzaría una “nueva guerra”, una “guerra” que ya tuvo sus primeros intentos con las comisiones legislativas montadas por el oficialismo, los allanamientos a ONGs que ejecutaron fondos públicos con gobiernos anteriores y el intento de aprobar una “ley de agentes extranjeros”.
Con la arbitraria, absurda e injusta detención de los líderes comunales y luchadores ambientales de Santa Marta y ADES suenan, pues, tambores de “una nueva guerra” que ahora no aplasta con la represión y las armas del pasado (o no por ahora), sino con la fuerza simbólica de la narrativa oficial, el sistema jurídico (fiscalía, leyes, tribunales) y toda la institucionalidad estatal totalmente cooptada, desnaturalizada y al servicio de ambiciones de poder total y delirios autoritarios que ponen al país en los últimos vagones del tren de la historia.
*Periodista y activista social.
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