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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La reforma adelantada por el oficialismo y sus aliados en el legislativo, al artículo 248 de la Constitución, es atentatorio del estado de derecho por cuanto evade primero, el debido proceso, que pasa por la elección previa de una constituyente, generada de exprofeso para el fin único de reformarla.
Debemos además subrayar que, para violentar el debido proceso, el oficialismo contó con la complicidad de las demás representaciones de derecha en el legislativo, lo que la vuelve una responsabilidad colectiva.
Y es que eso solo es ya grave, escandaloso, pero es peor por cuanto las diferentes bancadas simplemente y con dispensa de trámite, bajo la justificación supuesta del bienestar común, dieron pase libre a la debida comisión cuando esta llegó de CAPRES, sin ninguna reflexión y menos aún, ninguna discusión, simplemente dándole vía libre, sin importar lo trascendente que es, aprobándola sin más finalmente.
Pero, ¿Qué es tan grave en esto?
La reforma impulsada y aprobada es relativa a la deuda política, la cual se ve eliminada por esta.
En principio esto es aparentemente bueno, pues no deberemos como soberano seguir financiando la partidocracia existente, que, digámoslo sin ambages, vive parasitariamente del erario público.
Sin embargo, no es tan simple.
La deuda política, si bien no está dirigida a mantener a esa casta que es en su práctica política cotidiana, inútil e inoperante, responsable con su actuar clientelar interesado de profundizar las desigualdades e inequidades que padecemos históricamente, si está pensada y dirigida a impedir que el estamento partidario no deba por el tenor de la ley, ser financiado por privados, para impedir por la vía legal que estos les impongan su agenda e intereses, y por su vía, a nosotros, el soberano.
Por otro lado, aunque la reforma no lo dice, es de entender que esta supone por extensión el que solo el oficialismo se verá beneficiado del erario público en los procesos electorales venideros, lo que es por principio injusto, pero además el medio que legaliza y agrava la exclusión, anulando la participación ciudadana en el quehacer político, estableciendo por esta vía una autocracia de facto.
Legal de acuerdo a esta reforma.
Semejante sin sentido solo apunta a la profundización de la desigualdad y la exclusión por esta legalización, que solo puede derivar, la historia así lo demuestra, en un nuevo y más grave conflicto social.
Es decir; el supuesto progreso y desarrollo económico vendido por el discurso oficialista puertas afuera, sustentado por un lado en la fiesta sin fin, alienante y enajenadora que mantiene el régimen, pretende proyectar una imagen de ciudadanos felices y satisfechos con su gobierno, lo que es una farsa, pero, recibe en esta reforma el soporte legal que la sustente constitucionalmente, para darle el soporte necesario para perpetuarse en el tiempo, legalmente.
Finalmente, la apuesta del régimen se sustenta en la inacción del soberano, lo que supone su validación.
La historia, empero, demuestra lo contrario.
