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Luis Arnoldo Colato Hernández
El lunes 20 del corriente, el juez Jorge Guzmán, el abogado querellante David Morales, la representante de la PGR Silvia Hidalgo, peritos de la FGR, como algunos familiares de las víctimas del Mozote, se apersonaron a las oficinas del Estado Mayor Conjunto, primer destino de seis que se visitarían dicha fecha, para iniciar diligencias destinadas a localizar y secuestrar la documentación que los archivos castrenses conservan en torno a los hechos sucedidos entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, cuando el Batallón Atlacatl cometiera uno de los mas infames delitos colectivos del conflicto armado: la masacre del cantón Mozote.
Entre tales fechas y como parte de la estrategia denominada “Yunque y Martillo”, dicha unidad secuestró, torturó, mutiló, desapareció y asesinó por considerar colaboradores de la extinta insurgencia guerrillera, a alrededor de 1730 habitantes civiles del lugar como de sus contornos.
Tales hechos, revelados por alrededor de 48 sobrevivientes, consta en los informes que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas elaborara en torno a los hechos, como por otros documentos que sobre el tema y luego de extensas investigaciones se han producido (El informe M. Lagadec, por ejemplo, o el elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por separado y con las mismas conclusiones).
Luego de lograr las autoridades militares impedir, por 39 años la tal diligencia, el juez finalmente inició la misma en la fecha señalada, siendo impedido de realizarla por los militares que se encontraran al ingreso de las oficinas, alegando que “(…) desconocían las diligencias (…)”, que se estaban realizando.
Esta acción de crasa desobediencia realizada por estos militares, se suma a la que el ministro Monroy ejecutara en las semanas previas al lunes 20, cuando enviara una solicitud a la corte en plena donde demando que “(..) para garantizar la seguridad se debe impedir tales diligencias (…)”, sin aclarar de que manera una acción punitiva judicial encaminada a individualizar a los responsables intelectuales de aquella masacre, puede afectar a la seguridad del país, cuatro décadas luego de ocurridos los hechos.
Debemos en este punto subrayar que el proceso realizado en Madrid en el que fuera condenado el coronel Montano, reveló detalles sórdidos de los procedimientos militares de la época, como por ejemplo el que ningún operativo se efectuó sin ser éste ordenado por la tandona, así como aprobada por los cuadros civiles que en apariencia gobernaban el país, información corroborada por el exmilitar Mendoza, testigo del proceso. Ello evidencia que la negativa a la comitiva judicial el lunes 20 no es un hecho aislado, sino consecuente con la cultura de encubrimiento practicada por los militares para asegurar la impunidad de los criminales en uniforme, pero también de quienes lo ordenaron, las élites financieras beneficiadas por la impunidad institucionalizada, por lo que la tal desobediencia, actos arbitrarios y el incumplimiento de deberes cometidos por la institución armada, debe provocar de parte de la FGR, la debida acción judicial encaminada a imponer la norma, como asegurar el proceso, para finalmente acabar con la impunidad imperante.
