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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) acompañó a las personas que han cesado de sus puestos de trabajo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes interpusieron una demanda de reinstalo en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Tecla, La Libertad.
“Las personas despedidas acudimos ante las instancias judiciales a demandar que la institucionalidad prevalezca, y nuestros derechos laborales sean restituidos, pedimos a magistrados y jueces que actúen con prontitud, con independencia y en apego a la justicia”, expresaron los afectados.
Asimismo, dijeron que cerca de 100 empleados han sido despedidos ilegalmente por la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, a partir de diciembre de 2024 utilizando la figura de supresión de plazas, sin haber hecho ningún estudio técnico correspondiente, ni respetar la normativa nacional e internacional a favor de la clase trabajadora.
“Raquel Caballero ha cambiado el rol de la PDDH de ser defensora de los Derechos Humanos, a convertirla en la instancia represora de los mismos, con estos despidos deja en indefensas a las personas usuarias de los servicios de la institución, como son las víctimas del Régimen de Excepción, sindicalistas, defensores de derechos humanos, víctimas de la persecución política, las personas encarceladas en condiciones inhumanas”, manifestaron.
La fusión de Procuradurías Adjuntas, la condición en la que se encuentran muchos departamentos y unidades, en los cuales únicamente ha quedado la jefatura sin personal, lo que se traduce en el desmantelamiento de la PDDH.
Denunciaron que desde el nombramiento de Raquel Caballero como titular de la PDDH en su segundo período, tanto ella como su equipo de trabajo, la procuradora Adjunta, Juana Mireya Tobar Navarrete; secretaria General, Lucia Angélica Cruz Guardado; jefe de la Unidad Financiera, Noé Guillermo Rivera, jefa del Departamento de Presupuesto, Xenia del Pilar Castro y la técnico del Departamento de Recursos Humanos, Julia Elena Lemus Guillén, han demostrado la incapacidad de dirigir la institución, y darle trámite a las denuncias interpuestas por los usuarios de la institución.
Los despedidos de la PDDH exhortaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Unión Europea (UE), Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Red de Instituciones para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
Así como la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (GANHRI) entre otros, a que se mantengan vigilantes ante la realidad que vive la institución, ya que es la única con rango constitucional, surgida de los Acuerdos de Paz, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de los salvadoreños.
