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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de los empleados cesados por el gobierno de Nayib Bukele al suprimir cinco secretarías adscritas al Ejecutivo, presentaron en la Asamblea Legislativa una solicitud para que se convoque a Raquel Caballero procuradora de derechos humanos, para que se pronuncie respecto a la violación a sus derechos laborales.
Los solicitantes sostuvieron que desde el inicio de la gestión gubernamental del mandatario Bukele, más de tres mil personas que laboraban en ministerios, autónomas y demás instituciones de gobierno han perdido su empleo, además de violentarles otros derechos humanos.
“Han sido despedidos profesionales con amplia competencia, a quienes además de su derecho al trabajo y salario se les violentaron derechos humanos y a la fecha la procuradora no se ha pronunciado al respecto. Creemos que es importante que rinda cuentas en esta Asamblea Legislativa del trabajo realizado en este tema”, dijo María Elías, exdirectora de desarrollo y recursos humanos del ministerio de Salud.
La exempleada del MINSAL llamó a los empleados del Ejecutivo que no se vieron afectados por despidos injustificados a no firmar bajo ninguna coacción cartas de renuncia voluntaria.
La pieza de correspondencia presentada por los empleados cesados por la Presidencia de la República recibió el apoyo de diputados del FMLN, quienes sostuvieron que este tipo de actitudes tomadas por el mandatario son arbitrarias e injustas y dañan la estabilidad de los trabajadores.
“Estamos apoyando a este grupo de personas que injustificadamente han sido despedidas de sus labores, siendo trabajadores que tienen muchos años de laborar en el gobierno, hay despedidos con más de veinte años de trabajo”, indicó Gisela de Portillo, diputada del FMLN.
La parlamentaria sostuvo que mediante esta cesación de empleados, el presidente de la República está vulnerando el derecho constitucional
al trabajo de miles de personas y sus familias.
La iniciativa de los empleados despedidos por el presidente Bukele propone que Raquel Caballero procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, sea convocada a la sesión de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y de a conocer las investigaciones efectuadas por esa institución para deducir responsabilidades en torno a la cesación de plazos.
