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Santiago de Chile/PL
La esperanza del 70 por ciento de los chilenos de contar con una ley de despenalización del aborto dio un nuevo paso de avance, pero se enfrentará a la impugnación de la derecha ante el Tribunal Constitucional.
Luego de otro crudo debate, una comisión mixta dio el espaldarazo al proyecto de ley luego de terciar ante diferencias que se habían dado en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Acto seguido, el Senado respaldó con 22 votos a favor y 13 en contra el informe de la comisión mixta, pero antes de ser adoptada como ley, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, deberá esperar por el Tribunal Constitucional.
También le dio luz verde la Cámara de Diputados por mayoría, donde numerosos parlamentarios, ministros y grupos favorables a la iniciativa recibieron la noticia con júbilo. Se trata de uno de los cambios emblemáticos prometidos por Bachelet.
La coalición derechista Chile Vamos, que tiene al exmandatario Sebastián Piñera como su candidato presidencial, presentó un recurso arguyendo que el aborto va contra el derecho constitucional de la vida.
El denominado aborto terapéutico, que ya existió en Chile y fue abolido por el dictador Augusto Pinochet, comprende tres causales, inviabilidad del feto, peligro para la vida de la madre y violación.
‘Estamos conformes, le hemos dado alternativas y prestaciones de salud seguras a todas las mujeres independientemente de la decisión que tomen’, declaró Claudia Pascual, ministra de la Mujer y Equidad de Género.
Será, sin embargo, el Tribunal Constitucional conformado por 10 miembros, el encargado de decidir acerca de un proyecto de ley que lleva más de dos años en discusión.
El tema es de alta sensibilidad en Chile, donde incluso una ministra de Salud a inicios del Gobierno de Bachelet debió dejar el cargo, por un comentario en el cual aseguró que en las clínicas de los ricos se hacían interrupciones de embarazos.
Estadísticas no oficiales indican que en la nación sudamericana se registran más de 160 mil abortos clandestinos cada año, además de unos 30 mil provocados o espontáneos de forma legal.
