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Diversas opiniones entre funcionarios, analistas políticos y sociedad en general han desatado las órdenes del presidente Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter sobre despidos de familiares de militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de exfuncionarios del Gobierno anterior.
Como parte de su “reorganización del Estado”, Bukele, también ha suprimido diferentes secretarías, dejando a los empleados en el “limbo”, pues por un lado dice que serán reubicados y por el otro, porque quieren que firmen una de cesación de labores.
Para el presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM) “nunca se había dado despidos exprés vía Twitter”, pero en todo caso debe haber todo un proceso legal para hacerlo, no solo poner un tweet”.
Según el ministerio de Trabajo, todas las carteras del Estado están dando el debido seguimiento respetando los derechos laborales. Pese a que han señalado que una de las prioridades de la gestión será la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como lo establece la ley, entre los despedidos se encuentran personas en esta situación sin respuestas favorables para sus casos.
Montes, señaló que aunque el ministerio de Trabajo, se rige bajo el Código de Trabajo que tiene que ver con la empresa privada y la autónoma, es el tribunal del Servicio Civil el encargado de seguir el proceso.
“Si son cargos de confianza es difícil hacer algo, habría que ver hasta dónde llega el nepotismo y ver si esos familiares tenían plazas normales”, expuso el líder sindicalista.
Por su parte, el director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Luis Mario Rodríguez, ha señalado que avala el medio que el presidente utiliza para dar a conocer sus instrucciones, siempre y cuando se enmarque en el orden jurídico y lo ordenado responda al estado de derecho. Agregó que los ministros tienen que revisar la legislación, para constatar que lo que van a cumplir no les va traer responsabilidades legales cuando terminen su mandato.
