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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y Socorro Jurídico Humanitario (SJH) manifestaron que el despido de aproximadamente 400 empleados de la Procuraduría General de la República (PGR), trae como consecuencia que centenares de familias queden sin la asistencia y representación legal, quienes son víctimas del Régimen de Excepción, personas humildes, pobres, inocentes y trabajadoras.
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, consideró necesario que las autoridades de la PGR rindan cuentas a las personas usuarias de los servicios, así como a los familiares demandantes quién será el nuevo defensor público que sustituirá a la persona despedida intempestivamente y garantizar que retomará su expediente de inmediato, le dará seguimiento a su caso y las representará judicialmente en todo momento.
“El procurador general al obligar al retiro a centenares de personas en edad de jubilación, debe hacer un proceso de transición ordenado protegiendo los derechos de las familias, y usuarios de los servicios que debe brindar la institución con calidad y calidez humana”, manifestó.
A la vez, hizo un llamado al titular de la PGR, René Escobar Álvarez, para detener los despidos arbitrarios de servidores públicos en esa institución, ordenados “de manera verbal” el 18 de septiembre, a través de la cual las distintas jefaturas los obligaron a interponer sus “renuncias voluntarias”.
“Son acciones no apegadas a derecho que irrespetan el debido proceso y la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, quienes han dedicado su vida a servir merecen una compensación digna, como la que se está otorgando a los 1,000 trabajadores que se retiran de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que asciende a $27,000”, sostuvo Escobar.
Según Héctor Rodríguez, secretario general del MTD, con la decisión del procurador de despedir a 400 empleados, se deja sin el auxilio del defensor público, a los despedidos de las instituciones públicas y sector privado, madres demandantes y víctimas inocentes del Régimen de Excepción.
“Los usuarios de los servicios deben acudir inmediatamente a la PGR a demandarle al procurador general a que rinda cuentas de cómo quedarán los expedientes, ya que del total de personas que se retiran, cerca de 275 son abogados, representa para la PGR el 60% de la planta de abogados, esto es peligroso para el derecho de defensa que tenemos los ciudadanos”, externó.
Rodríguez enfatizó que gracias a la presión se logró extenderles un mes a los trabajadores, entre administrativos y abogados para finiquitar los procesos, sin embargo, los empleados obligados al retiro no tendrán una compensación económica de 25 o 27 mil dólares como en la CSJ.
