Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Marta Miera / RT
El video de un niño de 9 años desgarrado llamando a gritos a su madre, María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años, mientras yace muerta en el suelo tras haber sido asesinada a balazos frente a él, provocó el inicio de una movilización que ha desembocado en una gran marcha este viernes en Colombia contra los asesinatos de líderes sociales.
Entre el 1 de enero de 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el 20 de mayo de 2019 han sido asesinadas 837 personas: 702 líderes sociales y 135 exguerrilleros de las FARC, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Sin embargo, la Defensoría del Pueblo cifra en 462 las muertes. Los datos exactos se desconocen.
Desde la Asociación Minga informan de que al menos 10 líderes sociales han muerto en estos días. Las últimas víctimas fueron Yamile Guerra, de 42 años, abogada y política, asesinada a tiros en su casa en Santander; Humberto Díaz, de 55 años, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Guadalupe, en Gigante, a quien dispararon en su vivienda; y Arbey Ramón Vargas, de 37 años, que fue atacado cuando se dirigía en su motocicleta a una reunión en en el municipio de La Montañita, en Caquetá.
Bajo el lema ‘Caminemos por la Vida’ y el ‘hastag’ #MarchemosPorLosLíderes se convocó a marchas en al menos 100 ciudades dentro y fuera del país. «¡Psst!, ¡Psst!, ¡Psst!. ¡Ey!, ¡ey!, ¡ey!. ¡Despierte!,¡despierte! Por si no lo sabe desde 2016 hasta esta fecha más de 837 líderes y lideresas sociales han sido asesinados sin que el Estado haga nada para protegerles. ¿Es hora de parar esto, no?», denuncia en un video el movimiento Defendamos la Paz en Colombia, que convocó las manifestaciones.
El pasado 20 de julio, durante su discurso ante la instalación del nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, Duque repudió el asesinato de líderes sociales y manifestó el compromiso de su ejecutivo para su protección.
La víspera de las marchas, en la clausura de una Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, el presidente mandó el mismo mensaje. «Reiteramos nuestro compromiso con la causa de la protección y defensa de los líderes sociales, víctimas de grupos armados organizados al servicio del narcotráfico o de extracción ilegal de minerales», señaló el presidente.
«Una cifra escandalosa»
Duque añadió que bajo su gobierno se han reducido «en un 35% esos crímenes» y que continuará trabajando «hasta llevarlos a cero». Mientras, la Defensoria del Pueblo indica que de marzo de 2018 a mayo de este año hubo 196 líderes asesinados.
«Una cifra escandalosa», afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Negret, en una entrevistaa Noticias RCN, donde aclaró que «no se trata de cifras o de qué estadística es la correcta, sino de que no haya un solo líder social o defensor o defensora de los derechos humanos asesinado en Colombia». Negret explicó que actualmente hay 982 líderes y ligerezas amenazadas en todo el país y, en general, los grupos más afectados son los comunales y los indígenas.
«Vamos a marchar en contra de la violencia contra los líderes y ligerezas sociales. En defensa de garantías y libertades democráticas para absolutamente todo el mundo y también exigir que se cumplan los acuerdos de paz y que Colombia pueda dar una solución política al conflicto armado que hemos tenido durante tantos años», comentó a RT Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia.
Pedraza calificó al gobierno como «un enemigo» de la protesta social pacífica, a pesar, dijo, «de que está cocinada como un derecho fundamental en la Constitución». Para esta líder estudiantil tanto durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como en el de Duque «se ha violado el derecho constitucional a la protesta» y, según su opinión, son necesarias «las manifestaciones masivas para ganarse a la opinión pública para que respalde las justas causas que los líderes y lideresas sociales impulsan y defienden».
Naciones Unidas advierte que estos asesinatos se producen en un contexto de estigmatización de los defensores de los derechos, especialmente a los que viven en zonas rurales y en regiones que carecen de servicios sociales básicos adecuados y donde el nivel de pobreza es alto. «Aparentemente, algunos de ellos fueron atacados por apoyar la implementación de ciertos aspectos del acuerdo de paz colombiano, incluyendo la restitución de tierras,los derechos de las víctimas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos», explicó en mayo Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Entre la «gran cantidad de activistas» atacados, el portavoz mencionó a «líderes comunitarios, afrocolombianos,indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas, LGBTI y defensores de los derechos de las mujeres, algunos de ellos involucrados en la política local».
«Pedimos a las autoridades que hagan un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos», dijo.
Respecto a los presuntos responsables, el Programa Somos Defensores indica a grupos paramilitares, disidentes de FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de la Fuerza Pública, sicarios de escuadrones de la muerte, exparamilitares y, además, en un número significativo de casos, responsables que son desconocidos.
«El Gobierno continúa sin tomar medidas efectivas para garantizar los derechos de las comunidades y de las personas defensoras en los territorios. Mientras las vidas sigan en riesgo será una demanda permanente que la institucionalidad gire su mirada y centre sus esfuerzos en la atención a esta situación de crisis, para evitar que los líderes deban seguir trabajando bajo el miedo», alerta la organización.
