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Despliegue masivo de agentes es “una clara señal de intimidación”

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

En el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, decenas de agentes policiales custodian el salón de escrutinio; para la oposición, esto significa una intimidación directa ante la denuncia de irregularidades.

La diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, sostuvo que lo largo del escrutinio legislativo se han denunciado las irregularidades dentro del proceso, “hoy la novedad fue el despliegue masivo de la Policía Nacional Civil como una clara señal de intimidación en un proceso que no requiere ese nivel”.

La opositora, en busca de la reelección, sintetiza que “las intenciones son otras”, ya que la PNC, “según la ley, debería de estar en otros lados, pero al final así es la matonería y prepotencia; sabemos que la utilización de estas instituciones por parte del Gobierno actual, liderado por Nuevas Ideas, siempre ha sido así, más con un carácter autoritario y no de cumplimiento de la ley”.

Belloso planteó que la noche del jueves hubo amenazas y bloqueos al derecho de vigilancia que tienen los partidos políticos, diciéndoles que no se podía estar en el lugar ni se podía documentar, “tenemos el derecho a la vigilancia activa, según el artículo 209 de la Constitución, y nadie ni nada debería bloquearlo”.

El diputado de ARENA, Francisco Lira, quien busca la reelección en La Libertad, dijo que en el escrutinio final “no habemos personas que tengan indicios delincuenciales, no sé por qué razón toman esa decisión, si aquí estamos queriendo conocer la verdad de lo que pasó el 4 de febrero”. Lira se ha desempeñado como vigilante en el escrutinio legislativo.

Mientras que el presidente de ARENA, Carlos García Saade, aseguró que “febrero se va a caracterizar como el mes en el que se ocupa la fuerza para hacer cumplir todos aquellos objetivos que no pudieron cumplir por la vía democrática por parte del oficialismo”. Esto, tomando en cuenta los hechos que sucedieron el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele militarizó la Asamblea Legislativa.

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