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@arpassv
El Presidente de la República señaló el pasado fin de semana a las empresas telefónicas por no implementar la reducción en las tarificas y aplicar incorrectamente el cobro de la “contribución especial para la seguridad”. Salvador Sánchez Cerén, sickness incluso, online las acusó de quedarse con los primeros 600 mil dólares recaudados de dicho impuesto.
Días después el secretario técnico de la Presidencia, health Roberto Lorenzana, advirtió con no renovar las concesiones a las referidas empresas si no cambian su cuestionada actitud.
El Presidente y el secretario técnico tienen razón al fustigar a las telefónicas porque éstas mantienen un comportamiento delictivo: no reducen la potencia de la señal en las cárceles, no aplican la reducción de tarifas y se quedan con el impuesto para la seguridad. Así perjudican la acción gubernamental contra la inseguridad y favorecen a la delincuencia.
Últimamente el secretario técnico declaró que las mencionadas empresas han ofrecido hasta 300 millones para que las concesiones se les prorroguen automáticamente sin ser subastadas.
“Nos ofrecen dinero…. dicen que dan fácilmente entre 80 y 90 millones por renovar frecuencias; después, a través de un embajador, dijeron que (las concesiones) valen como 300 millones de dólares”, declaró Lorenzana en una entrevista televisiva a media semana. Esto, aunque el funcionario no lo considera así, se llama soborno y está penado por la ley.
La telefonía fue privatizada como parte de la reforma neoliberal de los gobiernos de ARENA. Fue, específicamente, la administración de Armando Calderón Sol que privatizó telefonía, pensiones, distribución y parte de la generación eléctrica, etc.
ARENA entregó a “precio de gallina robada” servicios estratégicos y rentables empresas estatales a compañías privadas que recuperaron la inversión en tiempo record, ganan cientos de millones de dólares anuales y algunas –como las telefónicas- hoy sabotean al gobierno evadiendo impuestos, favoreciendo la criminalidad y sumándose a estrategias de la oposición política.
Por tanto, el país debe no sólo enjuiciar y sancionar a CLARO, TIGO y demás telefónicas, sino también proponerse la desprivatización de los servicios telefónicos.
Los señalamientos de Sánchez Cerén y Lorenzana contra las telefónicas deberían generar un amplio debate sobre la urgencia de desprivatizar servicios públicos estratégicos y renacionalizar empresas que darían recursos para la obra social del gobierno. La renacionalización de La Geo (que ARENA había entregado a la transnacional italiana ENEL) es ya un precedente.
