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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El procurador para la defensa de los Derechos Humanos, buy cialis David Morales, clinic dijo ayer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aplicó alcances “desproporcionados” y “absurdos” de una sentencia cuando procedió a destituir a Salomón Padilla como presidente de la Corte y a Tito Zelada, pills presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.
“Lo que nosotros evaluamos es que esta medida, este alcance que le dio a esa restricción la Sala es desproporcionada, cae en una perspectiva de discriminación y violenta derechos. Es el alcance, la proporcionalidad de la medida adoptada lo que yo he cuestionado, en lo demás estamos de acuerdo con la Sala”, añadió el funcionario anoche en el programa Debate del canal 35.
Según Morales, los magistrados de la Sala de lo Constitucional que resolvieron estos casos, aplicaron la retroactividad para fundamentar la destitución de los dos funcionarios. “Cuando el magistrado es nombrado como tal opera la prohibición, no opera hacia el pasado. La Sala adoptó una medida que incluso lanza hacia el pasado y a una población indeterminada la restricción”, afirmó.
A manera de ejemplo el titular de la PDDH manifestó que bajo esa lógica que los magistrados de la Sala de lo Constitucional destituyeron a los dos funcionarios, si en la actualidad un joven tiene entre sus planes estudiar la carrera de derecho para aspirar en el futuro a un cargo de juez, debe renunciar a un derecho humanos y constitucional como es la militancia partidaria para no ser vetado, algo totalmente “absurdo”, según dijo.
“La militancia partidaria es el ejercicio de un derecho político también de rango constitucional”.
El procurador dijo que antes de hacer una resolución sobre estas denuncias, hicieron un estudio comparado con 17 legislaciones de América Latina, además de España, Alemania y los Estados Unidos, y encontraron de forma clara que la restricción para que personas con militancia partidaria asuman cargos en la judicatura se produce en todos los casos a partir del momento en que se es nombrado juez.
Para el caso, dijo Morales, la legislación alemana, en la cual se apoya en muchas de sus resoluciones la Sala de lo Constitucional, no contempla la destitución de un juez por motivo de militancia partidaria. “Allí opera el mecanismo de excusas y recusaciones: si el magistrado cree que por su militancia partidaria puede no ser imparcial en un caso, se excusa; y en España, inclusive, fue objeto de debate en el tribunal constitucional español respecto de su propio presidente, que seguía aun como presidente del tribunal, dando la cuota partidaria.
El tribunal determinó que no era incompatible.
“Nosotros analizamos todos los estándares de la doctrina, desde la perspectiva de los derechos humanos para garantizar la independencia judicial y analizamos el caso desde esa perspectiva”, añadió Morales respecto a su resolución en estos casos.
Morales señaló que a criterio de la Sala de lo Constitucional, la militancia partidaria se asocia a la afectación del requisito de moralidad y competencia notoria cuando en realidad “la militancia partidaria es el ejercicio de un derecho político también de rango constitucional”.
“Básicamente con ese argumento que se hace en nombre de la independencia judicial destituyen a su propio presidente (de la CSJ), declaran inconstitucional su nombramiento”, agregó.
Ataques de la Fiscalía
También se refirió el procurador de derechos humanos a la actuación de la Fiscal General de la República con la PDDH y los ataques de los cuales él ha sido objeto por parte del fiscal Luis Martínez, según afirmó.
Morales rechazó que la procuraduría tenga una agenda oscura contra la FGR como habría señalado Martínez. “Eso es totalmente falso, es un señalamiento político. Lo que yo debo hacer es supervisar las actuaciones de cualquier autoridad pública del Estado cuando recibo denuncia o me interese en un caso que puede afectar derechos humanos”, afirmó.
De acuerdo con el procurador, la PDDH ha desarrollado alrededor de cuatro investigaciones en las cuales se señala directamente al fiscal Martínez como responsable de violaciones a los derechos humanos, los que espera sean tomados en cuenta por la Asamblea Legislativa a la hora de analizar la idoneidad de los candidatos al cargo.
Violaciones a los Derechos Humanos
Por otro lado, el procurador citó varios casos donde se ha determinado el aparente abuso de autoridad y violación de los derechos humanos contra la población por parte de efectivos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
Señaló la desaparición forzada de tres jóvenes presuntamente de manos de soldados en el municipio de Armenia, Sonsonate; así como la desaparición de otras dos personas en la comunidad Iberia, de San Salvador. Se añade el disparo de un soldado a un niño en otros sector de la capital.
En el caso de la policía, citó la muerte de Celso Hernández, un miembro del CAM, de Quezaltepeque, quien fue asesinado por agentes de la PNC luego de que estos se enfrentaran a pandilleros.
