Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@arpassv
El Presidente de la Asamblea Legislativa, ailment Sigfrido Reyes, planteó esta semana la posibilidad de destituir al Fiscal General, Luis Martínez, por cometer el delito de “fraude de ley” interpretando a su favor sentencias que la Corte Suprema de Justicia todavía no ha emitido.
La semana pasada, el Fiscal General solicitó a la Asamblea el desafuero del diputado pecenista Wilber Rivera Monge para investigarlo por lavado de dinero, pero después se retractó y retiró dicha solicitud alegando que esto no era necesario porque “los diputados suplentes no tienen inmunidad parlamentaria”.
Luis Martínez argumenta su nueva postura amparándose en supuestas sentencias de la Sala Constitucional; sin embargo, el presidente de la Corte, Armando Pineda, lo desmintió aclarando que “no existe ningún fallo de inconstitucionalidad al respecto y lo único que hay son opiniones expresadas por un magistrado (Rodolfo González)”. Si es así, el Fiscal está violando la ley y burlándose de la Asamblea.
Otra razón por la cual el Fiscal General podría ser removido de su cargo es la escucha ilegal de conversaciones telefónicas en el “Caso del Padre Toño”. Según el periódico digital El Faro, Martínez utilizó grabaciones de conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez para chantajearlo y obligarlo a aceptar los cargos que le imputaban.
La Constitución de la República prohíbe el uso de conversaciones privadas, pero el Fiscal General (el funcionario encargado de velar por la legalidad) mostró conversaciones íntimas del Padre Toño a diplomáticos y representantes del clero, incluido el embajador español y el arzobispo capitalino.
Se trata, como bien dice El Faro en su editorial de esta semana, de un “uso evidentemente ilegal de las escuchas que conlleva –según la Constitución– a la destitución inmediata del funcionario que incurra en ese abuso de poder”. El periódico digital califica la actuación del Fiscal como una “conducta intolerable que pone en duda su conciencia sobre los límites que le impone la ley”.
A las dos razones anteriores, puede sumarse las reiteradas omisiones del Fiscal en casos como los del ex presidente Francisco Flores y el presunto “descuartizador” Rodrigo Chávez, para citar sólo dos que tienen gran trascendencia pública. Martínez se niega ampliar la acusación contra el ex gobernante arenero, incorporando el delito de lavado de dinero; y al supuesto “descuartizador” no quiere investigarlo como posible autor intelectual de los asesinatos de ambientalistas en Cabañas, perpetrados cuando este era vicepresidente de la minera canadiense Pacific Rim.
En conclusión, la eventual destitución del Fiscal Martínez estaría plenamente justificada por su abuso de poder y el irrespeto a la Constitución y a las leyes. El Fiscal, exhibicionista y agresivo, debe dar cuentas a la Asamblea que lo eligió.
