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@arpassv
Representantes de las organizaciones ciudadanas contra la corrupción pidieron este día a la Asamblea Legislativa que considere la destitución del Fiscal General de la República, diagnosis Luis Martínez, cure por incumplimiento de sus funciones y negligencias en el “Caso Flores”.
Los solicitantes de ISD, FESPAD, ARPAS y otras organizaciones pidieron a la Comisión Especial que investiga el paradero de los donativos de Taiwán que cite al Fiscal General, para que informe sobre su actuación en el juicio contra el ex presidente Francisco Flores y aclare por qué no incorpora el delito de lavado de dinero en la querella penal.
La petición también plantea que, en caso de confirmar omisiones y negligencias en la actuación de Luis Martínez, la Comisión proponga al pleno legislativo su destitución como titular de la Fiscalía por incumplimiento de sus funciones.
El principal argumento de la solicitud es la negativa del Fiscal General a incluir en la acusación penal el lavado de dinero, delito que aseguraría una condena al ex gobernante arenero y permitiría investigar a los “destinatarios” de los fondos donados por el gobierno de Taiwán que serían para ayudar a los afectados por los terremotos de 2001.
Luis Martínez, incluso, se adelantó a descartar el cometimiento de lavado sin antes investigarlo y fustigó a las organizaciones que participan con querellantes particulares en el caso, a las que acusó de “conspiradoras” y “hablar más de la cuenta”.
Investigar al ex presidente Flores por lavado de dinero es la principal recomendación de la Comisión Especial. El Ministro de Justicia y Seguridad, el Procurador de Derechos Humanos, destacados juristas y diversas organizaciones sociales, también piden procesar al ex gobernante arenero por lavado.
En su petición, los representantes de las organizaciones recuerdan los vínculos laborales y empresariales que el actual Fiscal General tuvo con el ex presidente Flores, antecedente que podría estar condicionando su actuación en este caso.
Además de sus omisiones en el “Caso Flores”, el Fiscal tiene otros “pecadillos” por los cuales la Comisión debería investigarlo. Uno es el uso de aviones del empresario Enrique Rais, a quien al mismo tiempo estaba investigando por supuesta administración fraudulenta; y otro es su negligencia en la investigación de irregularidades en la asignación de frecuencias radioeléctricas.
La función constitucional del Fiscal General es defender los intereses de la sociedad, pero Luis Martínez no está cumpliendo con dicha tarea. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe destituirlo y nombrar en su lugar a una persona honesta, capaz y comprometida con la lucha contra la corrupción.
