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Transparencia Activa
La Corte Suprema de Justicia acordó ayer, ambulance remover al Juez Especializado de Sentencia de San Miguel, Enrique Alberto Beltrán Beltrán, por graves irregularidades cometidas en muchos procesos penales calificados como “reveladoras de ineptitud e ineficiencia para el desempeño del cargo”.
El destituido, es el mismo juez que la FGR demandó en agosto pasado por recibir sobornos de una estructura transnacional del crimen organizado vinculada al narcotráfico, extorsión, homicidio, robo y otros ilícitos.
En los meses de septiembre y octubre de 2014, por instrucciones del Pleno de la Corte se practicó auditoría en 67 procesos penales instruidos en el referido tribunal y en ellos se pudo constatar, entre otras irregularidades: que a pesar de haberse celebrado los juicios, no existía constancia de ello en los procesos, pues no aparecen actas ni sentencias; retrasos injustificados en la celebración de vistas públicas; se encontraron resoluciones sin firmas del juez ni del secretario; se encontraron hojas firmadas en blanco dentro de algunos procesos penales, y las excusas o recusaciones al juez eran resueltas por la misma autoridad y no conforme al procedimiento legal.
Además, en diversos casos –que al parecer- han sido celebrados los juicios, no aparece la sentencia al momento de la auditoría y se encuentran varios procesados por delitos de extorsión, homicidios agravados y privaciones de libertad, cometidos en perjuicio de personas que se encuentran sometidas a un régimen de protección de víctimas.
En otros casos, se advirtió la incapacidad del juez para gestionar que las audiencias se realizaran dentro de los plazos legales, ya que algunas vistas públicas fueron retrasadas injustificadamente durante varios meses.
En la mayoría de las reprogramaciones para llevarlas a cabo quedaba constancia que las suspensiones eran por causas atribuibles al funcionario judicial investigado.
También se encontró hojas firmadas en blanco dentro de ciertos procesos penales para incorporar con posterioridad el contenido de las actas, práctica que además de incorrecta es contraria a la normativa legal, ya que la fidelidad entre lo actuado y lo que se describe en las actas se desnaturaliza con estos comportamientos, costumbre que se pretende desterrarse del actuar jurisdiccional, debiendo los jueces y secretarios elaborar oportunamente tales actas judiciales.
Por último, se le constató al juez Beltrán Beltrán, abuso de autoridad al no seguir el procedimiento establecido en la ley para que el juez suplente lo sustituyese en los casos de excusas y recusaciones, ya que el referido juez, directamente llamaba como su reemplazante al juez suplente José Rodolfo Castillo Morales, contra quien también existe un procedimiento disciplinario abierto.
Ambos jueces, fueron señalados en algunas publicaciones periodísticas (Diario1, 11 de agosto de 2014), tras haber sido denunciados por el Fiscal General Luis Martínez en agosto de 2014(Periódico Digital El Migueleño, 1 de agosto de 2014), de aceptar sobornos de narcotraficantes en San Miguel.
En ese entonces, La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió a tres jueces especializados de San Miguel por seis meses sin goce de sueldo. Con los votos de 12 magistrados la Corte Plena acordó iniciar el proceso de antejuicio en el cual se determinaría si había lugar a formación de causa y desaforar a los funcionarios judiciales para que la Fiscalía los procesara en los tribunales.
La decisión de remover al juez Beltrán Beltrán fue tomada por los magistrados Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, María Luz Regalado, Elsy Dueñas de Avilés, Doris Luz Rivas Galindo, Ovidio Bonilla, Rosa María Fortín, Juan Manuel Bolaños, Lolly Claros de Ayala y José Roberto Argueta.
Según una solicitud de información que realizó Transparencia Activa, en todo el sistema judicial del país hay 25 jueces que actualmente tienen abiertos 250 expedientes en el Departamento de Investigación Judicial (DIJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por diferentes motivos y señalamientos en la aplicación de la ley.
El más denunciado y quien ocupa el primer lugar es el titular del Juzgado Tercero de lo Civil de San Salvador, José Manuel Molina López. Según los registros de la DIJ él acumula 20 quejas en su contra.
Dos casos emblemáticos más, sobre el tema de la depuración judicial son los del Juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana, quien al inicio llevó el caso de corrupción contra el ex presidente Francisco Flores pero hace unos meses fue desligado del mismo, así como los señalamientos contra el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, quien lleva dilatando el caso de la masacre de El Mozote y quien también tiene abierto un expediente por “ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo”.
