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LA PAZ/Xinhua
La líder del gobierno interino de Bolivia apoyado por la oposición, Jeanine Añez, destituyó ayer al ministro de Salud, Marcelo Navajas, por su presunta participación en la compra de 170 respiradores españoles a sobreprecio, destinados a pacientes con la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19).
La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, comunicó a los periodistas la decisión luego de que Navajas fuera detenido por la policía. “La presidenta ha decidió apartar del cargo al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de justicia y el entorpecimiento de las pesquisas”, señaló Fernández. Agregó que “de manera interina asumirá la cartera la doctora Eydi Roca, actual viceministra de Salud”, quien se encarga, entre otros asuntos, de la elaboración de los mapas de riesgo de la pandemia.
Añez también dispuso “apartar a todos los servidores públicos que en este momento están siendo investigados” por la compra de los 170 respiradores. Navajas fue detenido la mañana de este miércoles por la policía por su presunta relación en la compra de los respiradores a sobreprecio. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, dijo a los periodistas que se detuvo a varias personas, entre ellas al ministro Navajas, por un presunto hecho de corrupción. “El ministro de Salud está en calidad de aprehendido en la FELCC donde hará sus declaraciones para explicar su participación en este caso. Luego se pondrá a disposición de la justicia para definir su situación jurídica”, afirmó. Al conocerse el supuesto sobreprecio, el Ministerio Público inició las investigaciones el lunes al aprehender al responsable de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y al director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovani Pacheco. Este miércoles también se detuvo a dos asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que aprobó la “no objeción” de la compra de los 170 respiradores y declaró “pertinente” el proceso de adquisición de los equipos.
El procurador general del Estado, José María Cabrera, anunció que esa instancia se constituirá en parte demandante de este caso que generó duras críticas de sectores sociales, políticos, médicos y ciudadanía en general.
En tanto, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, declaró que la investigación será a todo nivel. “No importa si es ministro, viceministro, si es director, van a ser procesados (…) Los que sean identificados y los que sean con pruebas respaldadas procesados, le aseguro que se van a ir presos”, afirmó.
