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Miles de registros de llamadas privadas, mensajes de texto y de WhatsApps extraídos por el Ministerio Público de Honduras arrojan luz sobre el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, activista en defensa del medio ambiente en este país, informa el reportaje de The Intercept.
Cáceres era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), un cargo con el que ganó visibilidad por su activismo contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico de Empresa Desarrollos Energéticos (DESA), en territorio de la comunidad aborigen lenca.
La activista, líder indígena de 45 años, fue asesinada con tres balazos el 2 de marzo de 2016 en su casa, ubicada en la localidad occidental de La Esperanza. Cáceres fue reconocida con el Premio Goldman 2015 por movilizar a los indígenas lencas contra la construcción de la represa Agua Zarca, al considerarla una amenaza contra el medio ambiente y los territorios de las comunidades originarias.
Según recoge el medio, tras llevarse a cabo un análisis de los registros de llamadas por parte de expertos independientes, se concluyó que los sicarios que asesinaron a Cáceres mantenían relaciones a través de una «cadena compartimentada» que llegaba hasta los altos directivos de DESA.
Las mismas fuentes añaden que el director financiero Daniel Atala Midence se comunicaba con el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, y con Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de la empresa y encargado de coordinarse con el jefe de los sicarios.
«Tráfico de influencias»
Según la investigación realizada por el citado medio, «antes y después» del asesinato de Cáceres existió un grupo de chat, denominado «Seguridad PHAZ (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca)», en el que «los líderes de la empresa hablaron de utilizar sus conexiones para realizar un tráfico de influencias con las autoridades nacionales, la Policía y el Ejército y los medios de comunicación».
Ese grupo de chat lo conformaban, además de Midence y Castillo, los miembros de la junta directiva José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. La familia Atala Zablah, dueña de DESA, es una de las más influyentes en Honduras.
Antes de la muerte de Cáceres, Castillo mantenía comunicación con ella «de forma amigable». Le preguntaba por su familia, le felicitaba las fiestas navideñas, y al mismo tiempo conspiraba contra la activista en el grupo de chat.
«O ellos o nosotros»
La conversaciones de ese chat demostrarían también cómo el grupo DESA investigó a varios extranjeros presentes en actos de Copinh y también a una visita de alto nivel de la ONU a la organización.
«O ellos o nosotros», escribió en octubre de 2015 en el grupo Pedro Atala Zablah, miembro de la junta directiva, haciendo referencia al Copinh. «Mandemos mensaje. ‘Ke’ nada será fácil para esos ‘hdp'», continuó.
Los análisis de las llamadas muestran un supuesto intento frustrado, en febrero de 2016, por parte de los sicarios para matar a Cáceres y cómo el sargento Bustillo –condenado a más de 30 años de prisión por el asesinato de la activista– informaba a Castillo de la situación.
«Misión abortada hoy», le escribió. Un mes después, volverían al domicilio de Cáceres y la asesinarían.
El abogado de tres miembros de DESA, Nelson Domínguez de Pedro, aseguró a The Intercept que sus clientes «niegan completamente» la participación en el crimen.
En diciembre de 2019, el tribunal de sentencia dictó condenas de entre 30 y 50 años de prisión para los siete acusados de ser los autores materiales del crimen. Además de los tres sicarios que perpetraron el crimen, también fueron condenados Castillo, Bustillo y dos exmilitares.
«La verdadera justicia incluye el juicio y el castigo de todos los responsables de su asesinato, incluidos los ejecutivos de la empresa que construye la represa, DESA, quienes fueron los autores intelectuales y financieros del complot», escribieron un grupo de congresistas estadounidenses tras conocerse las condenas.
