Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los datos de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “La población salvadoreña evalúa el segundo año de implementación del Régimen de Excepción”, reveló que el principal fracaso de esta medida es la detención de personas inocentes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron que a dos años del Régimen de Excepción cerca de 80 mil personas han sido capturadas, de las cuales más de 26 mil fueron detenidas arbitrariamente y de quienes se puede comprobar su inocencia, siendo las únicas pruebas en su contra lo narrado en las actas por los mismos captores, policías y militares.
Según los datos de la encuesta, 37 de cada 100 identificó como el principal fracaso la detención de personas inocentes, seguido con el 2% del abuso de autoridad por parte de policías y militares, 1.5% la perdida de algunos derechos, 1.3% violación a derechos humanos, 1.3% capturas arbitrarias sin tener algún tipo de investigación y solo el 0.8% la muerte de personas inocentes en las cárceles.
Asimismo, el estudio determinó que 65 de cada 100 salvadoreños están en desacuerdo con las capturas sin orden judicial y 55 de cada 100 están en discrepan con que las autoridades recapturen a una persona quien ya tenía su proceso penal cerrado, ya sea por el cumplimiento de una condena o porque fue declarada inocente.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, explicó que la buena imagen del Régimen de Excepción se nutre en gran parte del desconocimiento de la población sobre las garantías suspendidas, el 66% de los salvadoreños consideró que esta medida resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas de El Salvador.
“Mientras conocen garantías suspendidas hay menos apoyo o la nota es menor, y al revés, cuando la población tiene desconocimiento la nota es mayor, aproximadamente 92 de cada 100 salvadoreños están en desacuerdo con al menos una de las suspensiones de derechos o garantías que continúan vigentes con el Régimen de Excepción”, sostuvo.
Además, indicó que después de dos años de la implementación del Régimen de Excepción, 64 de cada 100 salvadoreños no conozcan ninguno de los derechos y garantías constitucionales suspendidas, lo cual no solo tiene implicaciones en la forma que la gente construye sus valoraciones sobre esta medida, sino también en la vulnerabilidad en la cual podría encontrarse la población frente a la exigencia de protección de otros derechos que continúan vigentes.
“Hay una consolidación del respaldo social al Régimen de Excepción, pero esta buena imagen se nutre del desconocimiento de la gente de que se está suspendiendo, del temor que infunde la vigencia del Régimen de Excepción”, dijo.
Pese a que la mayoría de la población declara no sentir temor ante el Régimen de Excepción, 74 de cada 100 salvadoreños son más cautelosos a la hora de expresar su opinión sobre esta medida, entre las principales razones está, que ya no se puede confiar en la gente, existe temor de ser detenido o víctima de represalias o amenazas, y es mejor evitar conflictos con otras personas.
Los resultados de la encuesta de la UCA detallaron que 75 de cada 100 salvadoreños no conocía que solo en el primer año de implementación del Régimen de Excepción se gastaron más de 180 millones de dólares; asimismo, el 64.3% de los consultados desconocía que se han asignado 2 mil millones de dólares para la aplicación del Régimen de Excepción y el Plan Control Territorial.
A la vez, el 15.2% desconocía que a finales del año pasado fue capturado en México el líder pandillero alias “El Crook”, quien durante 2020 fue condenado en El Salvador a 40 años de prisión, pero según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, existen indicios de que el gobierno del presidente Nayib Bukele lo puso en libertad de forma irregular en 2021.
Datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario indican que en estos dos años 241 personas inocentes han muerto en los centros penales bajo custodia del Estado, aunque se estima que el número de muertes en las cárceles es arriba de 550 personas. Además, se desconoce el paradero de 309 cadáveres presuntamente ejecutado bajo custodia del Estado.
El 48% de los fallecidos en penales bajo custodia del Estado presentan signos de tortura y al 28% le fue negado el tratamiento médico que los llevó a la muerte.