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@JoakinSalazar
Tres juzgadores diferentes realizaron audiencia inicial en contra de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), entre operativos y administrativos, acusados de diversos delitos en el que se les imputan acciones contrarias a su quehacer por la paz pública.
Trece empleados de la PNC enfrentaron ayer el proceso inicial para determinar si son enviados a prisión preventiva u obtienen medidas alternas a la detención, mientras se desarrolla el proceso de instrucción, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá sustentar el caso con más investigación. En el primer caso, el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra los investigadores policiales: Salvador Eduardo García de 41 años de edad y Sergio Godofredo Acevedo García de 36 años, acusados de robo agravado y allanamiento de morada.
Por estos mismos delitos fue acusada la inspectora policial Amelia del Carmen López Melara, de 33 años, a quien el juez ordenó el arresto domiciliar por razones humanitarias. Asimismo, para José Antonio Flores, quien deberá pagar una fianza de $100 y presentarse cada 10 días al Juzgado de Instrucción. Según la acusación de la FGR, el 14 de agosto pasado “a las 3:30 p.m. los tres investigadores policiales se presentaron sin autorización legal a las residencias de las víctimas ubicadas en el Barrio San Jacinto de esta capital. A una de las víctimas le pidieron el Documento de Identidad Personal y facturas que respaldaran la legalidad de la refrigeradora y un equipo de sonido”.
De igual manera explica que “a las víctimas les manifestaron que habían recibido información que ellos estaban utilizando el apartamento donde residían de manera ilícita y por esa razón se llevaban los electrodomésticos como: plasma, DVD, refrigeradora y equipo de sonido, por órdenes de la Alcaldía de San Salvador. Todo ello estaba valorado en $1,072.90 dólares.
Ingreso de ilícitos
En otro caso, el Juzgado Séptimo de Paz ordenó instrucción con detención contra siete agentes de la Policía, acusados de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, incumplimientos de deberes y agrupaciones ilícitas.
Asimismo, ordenó instrucción con medidas contra un oficial de la PNC, quien era el jefe de las bartolinas policiales de la delegación centro. Este no deberá cambiar de domicilio, presentarse cada semana a firmar en el Juzgado Cuarto de Instrucción y no tiene que acercarse a los demás imputados.
La acusación Fiscal establece que los agentes policiales estaban destacados en la Unidad de Servicios Extraordinarios, lugar donde se encuentran las bartolinas de la delegación San Salvador Centro. Los ahora procesados, previa coordinación con los reclusos, supuestamente ingresaban objetos prohibidos, entre ellos: celulares, chips y drogas. En el caso de los celulares dependiendo del tipo de teléfono así oscilaba el pago que recibían de entre 300 a 500 dólares.
Antecedentes penales
Finalmente, el tercer caso fue resuelto por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, que decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional contra Reina Isabel Acosta, empleada de la PNC.
Acosta es acusada de cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material en perjuicio de la administración pública y la fe pública.
Asimismo, la jueza ordenó medidas sustitutivas contra el abogado Edgardo Antonio Molina Morales, por los delitos de cohecho activo y estafa en modalidad de concurso real en perjuicio de la administración pública y de una víctima con régimen de protección.
La Fiscalía dice que los imputados cobraban $600 dólares para emitir solvencias sin antecedentes penales, a los interesados. La FGR dijo que hay varias personas afectadas pero que por el momento cuentan con cuatro casos documentados.
También, hay un proceso judicial contra el comisionado Rolando Elías Julián Belloso, a quien se le acusa de tenencia y portación de armas de guerra. Para todos, las medidas establecidas por la Juzgadora son presentarse al Juzgado Cuarto de Instrucción cada ocho días y no salir del país. Además, la juzgadora les impuso una fianza de 5,000 dólares a cada uno de los imputados, mientras no se haya hecho efectiva la fianza, en cualquier modalidad ya sea dinero efectivo o hipotecario, los imputados seguirán detenidos.
