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@JoakinSalazar
Arraigos no son suficientes, ante el peligro de fuga. El Juzgado Cuarto de Paz resolvió en contra de los imputados, implicados en la supuesta malversación de $246 millones de dólares, por lo que ordenó detención provisional en contra de todos.
Además, la juzgadora admitió la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), d el embargo preventivo de las propiedades “únicamente que estén a nombre de los imputados”, afirmó la Jueza Nelly Pozas.
La Jueza determinó que por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y Lavado de Dinero, que contienen penas de hasta 15 años de prisión, “no son suficientes los arraigos personales de los imputados, pero a criterio de esta Juzgadora las posibles penas son altas por lo que procede a decretar detención provisional”, dijo la Juez Pozas.
De igual manera, el Juzgado declaró no ha lugar la solicitud de sobreseimiento definitivo por el delito de agrupaciones ilícitas a los imputados César Funes y Julio Rank. Pozas afirmó que la tesis fiscal sostiene la participación de todos los imputados, motivo por el que deniega la solicitud.
Los imputados volverán a las bartolinas de la Sede de la División Antinarcóticos de la PNC, sin embargo, la Jueza admitió el ingreso de medicamentos, colchonetas más gruesas y las visitas de familiar es para todos los imputados a solicitud de la defensa.
Audiencia
La Justicia prevalecerá en este país, dijo el ex presidente, Elías Antonio Saca, al término de la audiencia inicial en contra de él y otros seis ex funcionarios del último gobierno del partido ARENA, que son acusados por la Fiscalía de haber desviado $246 millones de dólares, fondos provenientes de la partida secreta del Órgano Ejecutivo.
Elmer Charlaix, Cesar Funes, Julio Rank, ex funcionarios del Gobierno de Saca y los empleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, Alberto Herrera y Pablo Gómez son acusados de delitos de corrupción, al, presuntamente, conformar una estructura criminal en Casa Presidencial en la que se beneficiaban con fondos del Estado.
Ayer, todos los imputados, que son acusados principalmente de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, les permitió ejercer su derecho a la última palabra, en la que destacaron su inocencia y recalcaban su solicitud para pasar a la etapa de instrucción en detención.
El ex mandatario Saca fue el primero en hacer valer su derecho, recalcando que es una persona respetuosa de las leyes, “Jamás, en ningún momento voy a evadir la justicia, estoy listo para enfrentar el juicio, soy inocente, llegamos al poder democráticamente; no hay ninguna agrupación ilícita, ni peculado ni lavado de dinero”, dijo Saca, ante la Jueza de Paz.
También, agregó que “los gastos reservados han existido y dan facultad al Presidente de la República, en ningún momento esta administración ha violado la Ley, estando en libertad podría resolver mi defensa, además luchar por mi inocencia”.
El ex presidente de la República es acusado de los delitos de Peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, por el desvío de fondos, y presuntamente por dirigir está organización delictiva que se dedicaba a sustraer fondos del Estado, para cuentas personales y empresas de su grupo familiar.
La Fiscalía sostiene que gran parte de los fondos adjudicados por los procesados, fueron llevados a cuentas de empresas del ex mandatario, situación por la que están solicitando un promedio de $97 millones de dólares, en concepto de embargo para Saca y el resto de imputados.
El expresidente afirmó que el embargo y congelamiento de las cuentas bancarias de las empresas familiares pone en riesgo el salario y estabilidad laboral de 300 familias que se mantienen como empleados.
En este tema, el Fiscal del caso afirmó que las inmovilizaciones que giró Fiscalía a los bancos se exceptúan las cuentas bancarias de sueldos y derechos de trabajadores, por lo cual es falso que la institución esté atentando contra la libertad de expresión por la investigación de delitos de corrupción.
De igual manera, Elmer Charlaix, ex secretario Privado de la Presidencia, afirmó que no existe un plan de fuga. “El más interesado de solventar esta situación soy yo”, dijo.
Además, denunció que existe un fuga de información en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puesto que el proceso en su contra fue dado a conocer en medios de comunicación, pero él fue notificado cinco días después de hacerse público.
También, Cesar Funes, aseguró que él no tiene la intención de huir de la justicia, al contrario, desea enfrentar en libertad este proceso, dado que cuenta con arraigos familiares y personales por los que deba permanecer en libertad. “No es cierto que me dieron cheques con cifras redondas, soy inocente y quiero comprobarlo”, dijo.
Por su parte, Julio Rank, ex Secretario de Comunicaciones del Gobierno de Saca, aseguró que a la única organización que pertenece es a la de Alcohólicos Anónimos y a la de la iglesia donde asiste.
“Todo lo que he logrado en mi vida ha sido por mi trabajo, tengo mi trayectoria con más de 35 años, en ningún momento he cometido un ilícito”, aseguró.
Finalmente, los empleados de Casa Presidencial afirmaron que trabajan en la entidad de gobierno desde 1994 y que siempre han sido honestos, nunca han tomado fondos del Estado.
El caso
La Fiscalía General de la República le atribuye a Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez los delitos de lavado de dinero, peculado y agrupaciones ilícitas.
Mientras que a Alberto Herrera de peculado y agrupaciones ilícitas. A Julio Rank y Cesar Funes, ambos ex dirigentes de ARENA, por los delitos de casos especiales de lavado de dinero y activos; y agrupaciones ilícitas.
En la investigación fiscal se ha logrado establecer que los fondos que presuntamente se apropiaron provienen de una cuenta institucional del Tesoro Público de la Casa Presidencial, dinero que se desviaron a empresas privadas, personas naturales y jurídicas, en total $246 millones de dólares, fondos que podría aumentar con la investigación finalizada.
No obstante, lo que se les acredita a los imputados es que se apropiaron aproximadamente de $97 millones de dólares que cobraron en efectivo. Según el fiscal, esta cantidad puede incrementar en la etapa de instrucción, porque únicamente analizaron siete cuentas, de 12 bancarias.
Además, los tres empleados de CAPRES, Gómez, Rodíguez y Herrera, abrieron cuentas a su nombre para alimentarlas con dinero del tesoro público y posteriormente transfirieron cheques a sociedades que no prestaban ningún servicio al Estado, en su mayoría a empresas sociedades de Saca y Charlaix.
Dubai y República Dominicana
En otros hechos, el Jefe Fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, (UIF) Jorge Cortez, afirmó que aún siguen investigando el caso de Saca y otros, sin embargo, contradijo lo que estableció la parte Fiscal en la audiencia inicial, con informar que el ex presidente Saca habría llevado dinero en maletas a Dubai y República Dominicana.
“He venido sosteniendo al margen de lo que está sucediendo, nosotros vamos al margen y algunos nexos que podrían existir con otros hechos aquí en El Salvador o en otros países, estamos avanzando no puedo afirmar ni negar lo que la Fiscalía ha establecido en la Audiencia inicial”, dijo Cortez.
Asimismo, agregó “Es una posibilidad, lo que se dijo es para poder fundamentar la detención provisional y como se efectuaron los delitos de lavado de dinero existen variantes, dentro de ese esquema criminal que tiene la persona, en manera clandestina, si él fiscal dijo en maletines, yo puedo decir otras formas, las diferentes modalidades en que se puede dar el delito”.
Durante la audiencia inicial, el Fiscal de la UIF, aseguró que el ex presidente Saca sacó dinero en maletas, a Dubai y República Dominicana, además de que podría tener bienes en dichos países, situación que fue negada por la defensa y el mismo ex mandatario.
Por otro lado confirmó que como Fiscalía analizaran la resolución que emita el Juzgado Cuarto de Paz, “Estamos pensando en analizar la resolución de la audiencia, ya sea a favor de fiscalía o no, para tomar las medidas correspondientes, nosotros consideramos que los delitos penales por los que se les están juzgando son graves, que sobrepasan hasta 15 años de prisión, por lo que deben guardar prisión.
