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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), puso en evidencia las acciones irregulares e ilegales ejercidas desde la institucionalidad del Estado contra la población salvadoreña en el marco de la persecución de la delincuencia y criminalidad del país, bajo el Estado de Excepción.
El Informe de los cien días de Régimen de Excepción en El Salvador analiza la situación de derechos humanos desde el 27 de marzo del presente año, cuando la medida fue adoptada por la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele.
Al aprobarse el Estado de Excepción se suspendieron los derechos a ser informado de manera inmediata y las razones de la detención; a no ser obligado a declarar en su contra; a ser asistido por un defensor desde las diligencia en los órganos auxiliares de la administración de justicia, el límite de la detención administrativa (72 horas) y de igual manera suspendió el derecho de asociación, reunión e inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Las cifras presentadas por el OUDH, parten de datos obtenidos de las redes públicas de los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil y la presidencia de la república, debido a la negativa a entregar la información oficial, pese a ser solicitada de forma debida y oportuna.
También retomaron información de organizaciones de derechos humanos como CRISTOSAL, FESPAD y el IDHUCA.
En total analizaron 1,863 noticias, algunas de contexto del régimen de excepción y de casos específicos.
Danilo Flores, coordinador general del OUDH, explicó que el período temporal escogido fue entre el 27 de marzo al 4 de julio de 2022, que suman los 100 días del Régimen de Excepción, siendo un estudio de naturaleza académica y descriptivo, de la realidad que se observa en el país.
“En el marco del régimen de excepción, al 4 de julio habían 44 mil 344 personas detenidas; aunque el dato más reciente lo ubicamos de hace 5 días, de fuentes de la PNC y el MJSP, que es de 48 mil 700 personas capturadas”, informó.
“De acuerdo a la Constitución de la República, las instituciones de seguridad pública tienen la obligación de informar de todo arresto a la PDDH, y las diferencias que encontramos nosotros en los reportes de esta institución con el número de capturas y las cifras de las autoridades de seguridad pública representa ya un incumplimiento de la ley”, afirmó Flores.
La complejidad del reporte de capturas arbitrarias o ilegales, explicó Flores, se debe fundamentalmente a la poca información oficial que se brinda a la población u organizaciones sociales. Además, el cotejo se vuelve difícil porque las personas que denuncian podrían haber asistido a más de una instituciones para buscar respuestas para su familiar capturado, agregó.
“Hasta el 4 de julio el IDHUCA reportó 154 denuncias referidas a detenciones arbitrarias, mientras los medios de comunicación reportaban 347 casos de vulneraciones al derecho de la libertad personal. Y la PDDH, documentó en el mismo período 1, 673 casos que corresponden a detenciones ilegales o arbitrarias. Aunque CRISTOSAL reportó 2,023 personas víctimas de violación de sus derechos humanos”, sostuvo.
El porcentaje de las detenciones arbitrarias son hombres, entre un 87% a 99%, y alrededor de un 11% a 13% han sido mujeres, según las instituciones. Mientras, los rangos de edades los más afectados han sido los adultos jóvenes 18 -30 años de edad.
“En cuanto a los casos vistos por el IDHUCA, se encuentras quejas de los familiares sobre manejos arbitrarios de la Policía Nacional Civil, que crean -fichas delincuenciales- llega a las casas, toman fotografías y después elaboran las fichas policiales y destacan que no consignan la fecha de creación en esas fichas”, informó.
“En segundo lugar, las actas de detención contiene información que no es verdadera. Se hacen aseveraciones que las personas han sido detenidas en la calle, cuando los familiares reportan que fueron capturados en la vivienda. Esas son parte de las irregularidades en las actas de detención”, manifestó Flores.
A las anteriores, se suman denuncias de “engaños” por parte de los agentes de la PNC, que les piden a las víctimas que vayan a las delegaciones a verificar datos, y cuando estos llegan son inmediatamente detenidos. Y las quejas de la violencia ejercida por las autoridades contra niñas, niños y adolescentes, sobre todon física y verbal, cuando se desarrollan las capturas y el resguardo de los menores cuando han detenido a la madre y el padre.
La investigadora de la OUDH, Natalia Ponce, abordó el tema de la tortura y muertes bajo el Régimen de Excepción en estos 100 días. Ponce dijo que de acuerdo al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Tratos Degradantes, califica como tortura cualquier dolor o sufrimiento que se inflijan a una persona, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener información o confesión para castigarlo por un delito que se sospeche o haya cometido.
“Según los informes de verificación de la PDDH que se han retomado entre el 27 de marzo y el 24 junio, que coincide con los primeros 3 meses del régimen de excepción, documentó 306 casos relacionados al derecho a la integridad personal que desglosaron: 28 casos malos tratos, 12 casos de uso desproporcionado de la fuerza por las autoridades y 3 casos de tratos crueles y degradantes, 6 de intimidación”.
“También, documentaron 11 casos de omisión de medidas para dotar a personas detenidas de sus medicamentos, omisión de traslado a centros hospitalarios y 11 casos de sometimiento de menores a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y la cifra más relevante es 231 casos, de negativas de funcionarios o agentes de la PNC a proporcionar información a representantes legales o familiares sobre la ubicación de su pariente”, acotó Ponce.
Este tipo de acciones por parte de las autoridades, es una condición para ser considerada una “desaparición forzada”. Ponce señaló que del total de 306 casos del registro de la PDDH , el 75.4% se convierten en evidencia de posible desaparición forzada, cuya responsabilidad recae en el Estado salvadoreño, al negar información de las personas capturadas, y es evidencia que este escenario pueda convertirse en un marco de otras vulnerabilidades de los capturados.
Sobre las “muertes violentas”, Ponce manifestó que en el período del 27 de marzo al 4 de julio, se han registrado un total de 46 muertes, las que fueron catalogadas por la PNC como “terroristas o pandilleros fallecidos” que acompañan de frases “tras atacar a nuestros agentes” o “tras atacar a policías y soldados” . Y se empleó el término “homicidio” para cuando la muerte que se registró es violenta pero la persona no es miembro de pandillas, según el criterio de las autoridades policiales.
“El total de muertes violentas del 27 de marzo al 4 de julio corresponde a 123, observándose la mayor cantidad en el período del 27 de marzo al 25 de abril , en total 48 muertes violentas en ese espacio de tiempo”, manifestó Ponce.
El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, opinó, sobre la compleja y grave situación en que se encuentra la población ante el Régimen de Excepción.
“Un diputado (Guillermo Gallegos/GANA) dijo: Lo que piensen de este país los organismos internacionales que viven de velar de los derechos humanos a mí, no me importa. No estamos en Suiza, ni estamos en Suecia, estamos en El Salvador. O sea, para el diputado los parámetros internacionales de derechos humanos no importan en el país”, comentó.
“Hasta el 11 de julio , o sea, 107 días después de estar el Régimen de Excepción, se permitió el ingreso a los centros penitenciarios, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esa es la realidad y prueba también que no se respeta la ley”, argumentó Serrano.
Sobre la información de las “irregularidades en las capturas” y que han compartido los mismos policías, a través del Movimiento de Trabajadores de la PNC, revelan que tenían asignado una cuota o número de capturas que fueron impuestas por sus jefes. Y que delegaciones como la de San Salvador, Soyapango y Apopa les pedían 40 personas diarias, a San Marcos 35 personas que fueron también presentadas en los medios de comunicación.
Asimismo, criticó que haya una “focalización en el Estado de Excepción”, al referirse a la criminalización de la “población joven y población pobre” , ya que han identificado que la mayoría de detenidos viven en el umbral de la pobreza y zonas de alta vulnerabilidad económica y social.
Además, son criminalizadas las personas que no tienen acceso a una defensa particular, por lo que se convierten en víctimas de la arbitrariedad de sus captores, acusadores y jueces.
Serrano aseguró que existe fuerte evidencia que el fenómeno de las maras y pandillas, que aun con sus manifestaciones criminales son eminentemente un “problema social” y no un problema de seguridad nacional. Por tanto, no se encontrará una solución efectiva, mientras no se traté desde ese enfoque no se terminara con ese problema, ni aún con una mega cárcel.
“La continuidad de la prórroga del Régimen de Excepción, refleja la incapacidad del gobierno de combatir la delincuencia y la criminalidad en el marco del Estado de Derecho que respeta los derechos humanos y fundamentales de la población. Hay incapacidad para defender y combatir la delincuencia”, acotó.
“¿Por qué extiende el Estado de Excepción este Gobierno? porque tiene un respaldo social, hay gente que pone la denuncia -pero contenta dice- está bien que se lleven a los que son, pero no estamos de acuerdo que se lleven a los inocentes, entonces, tiene un respaldo social. Y esto sigue porque el presidente (Bukele) no tiene otra medida para agarrarse para trabajar en su imagen, no hay otra medida”, puntualizó Serrano.
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