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José M. Tojeira
Detener a un delincuente es en principio un acto moral. Pero el modo de proceder de la detención puede volverse inmoral si hay abuso de la fuerza, si hay degradación o juicio anticipado del detenido, o también si se detiene a alguien sin elementos suficientes que apunten a su culpabilidad. Esto último parece que es lo que está pasando en este período de “estado de excepción” y su consecuente política de capturas masivas. Hay demasiados testimonios y evidencias de que se detiene a personas sin motivación adecuada, de un modo arbitrario y, según repetidos testimonios, con detenciones sujetas al número de detenciones diarias estipuladas desde la autoridad.
Evidentemente este modo de detener es inmoral, aunque el método garantice la detención de un relativo porcentaje de personas que efectivamente tienen deudas con la justicia. Que una jueza en una audiencia preliminar con una duración de cuatro horas envíe a instrucción a un poco más de trescientas personas es inaudito. La presentación de arraigos que hicieron algunos abogados defensores no fue ni siquiera revisada por la jueza.
La Fiscalía no presentaba pruebas claras de pertenencia de estas personas a asociaciones ilícitas y prácticamente no se les dejaba hablar a los pocos defensores públicos y privados que acompañaban a los detenidos. Más allá de la catalogación legal que merece un modo de operar como el descrito, moralmente es evidente que se está procediendo de un modo inmoral. Y toda inmoralidad es un acto de corrupción. De modo que se puede decir con propiedad que continúa habiendo jueces corruptos en la actualidad de este “novedoso” sistema judicial.
Es cierto que algunos de los detenidos ilegal y arbitrariamente han sido liberados. También algunos pocos, y eso es grave, fueron entregados cadáver. Algunos incluso antes de ser encerrados en esa especie de “penalito” a donde se los llevaban inicialmente lograron ser liberados. Así pasó con un joven religioso carmelita, detenido cuando iba a una reunión sobre la vida religiosa. Fue liberado porque acudieron a reclamarlo al parque Buenos Aires, donde estaba retenido, un buen grupo de monjas y religiosos sacerdotes que estaban en la reunión a donde pretendía llegar el joven religioso. Pero incluso a esas personas detenidas injustamente ni se les da una disculpa. La fuerza coercitiva de la Fuerza Armada o de la PNC, que son instituciones al servicio de la persona humana, abusan de la persona inmoralmente cuando proceden con este tipo de detención arbitraria e ilegal.
La moralidad ha sido una materia reprobada por muchos de los que han ejercido cargos públicos de autoridad en el país. Y aunque ahora nuestro pueblo viva todavía con la confianza en el cambio político y económico prometido, todo abuso produce decepción y desánimo. Y cuando el abuso persiste surge la resistencia. Las personas con conciencia humana y libertad han comenzado ya a presentar reclamos y críticas. Se equivocan quienes piensan que pueden superar las críticas con las respuestas también plagadas de inmoralidad de los troles y de personas que no quieren escuchar ni la más mínima crítica.
Creer que se puede sustituir la verdad con insultos es comenzar a construir la propia decadencia. Y tratar de arreglar las cosas invocando el derecho de guerra, como ha hecho el Vicepresidente, no solo es una manipulación vergonzante del derecho, y por tanto una inmoralidad de picapleitos, sino también un intento de transformar en una guerra interna lo que es un problema social, político y policial mal manejado desde hace ya bastantes años hasta el presente. A parte de que invocar el Derecho Internacional Humanitario en el contexto de lo que está pasando no es más que un acto de hipocresía.
Olvidar los Derechos Humanos, apoyar la arbitrariedad en el sistema judicial, no es tema del derecho de guerra. Si los Derechos Humanos se respetaran en el país un poco más y desde hace más tiempo, lo más probable es que no hubiera maras. Y la moralidad tendría peso en vez de ser un objeto de subasta política.
