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Por Guillermo Barros
México/AFP
Un oficial y siete soldados mexicanos fueron detenidos el jueves por su participación en la muerte de 22 personas identificadas oficialmente como delincuentes, viagra días después de que una presunto testigo asegurara que 21 de ellas fueron ejecutadas a sangre fría.
La Secretaría (ministerio) de Defensa, que en junio había informado que esas 22 muertes fueron producto de un enfrentamiento entre militares y delincuentes, explicó este jueves que los detenidos son presuntamente responsables de varios delitos militares.
«El citado personal militar participó en los hechos ocurridos el 30 de junio del 2014 en Tlatlaya», recalcó Defensa en un comunicado en el que no ofrece detalles del suceso.
La Secretaría (ministerio) recalcó que sus acusaciones son independientes de las que pueda presentar la fiscalía general, que lleva otra investigación sobre un caso que Human Rights Watch alertó de que podría representar «la peor masacre de civiles por parte de militares» en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, que arrancó en diciembre de 2012.
El oficial -cuyo grado no fue revelado- y los siete soldados fueron internados en una prisión militar de Ciudad de México.
La Procuraduría (fiscalía) General de Justicia Militar señala al oficial como presunto responsable de «los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes» y a los soldados de «infracción de deberes», detalló Defensa.
El 30 de junio, la Secretaría informó que durante un patrullaje nocturno por el pueblo de Tlatlaya (33.000 habitantes), a 240 km de la capital mexicana, soldados fueron agredidos desde una bodega y que en el tiroteo hubo «22 presuntos agresores muertos (21 hombres y una mujer)» y solo un militar herido.
Según Defensa, las autoridades encontraron en el lugar a tres mujeres que «manifestaron estar secuestradas» y 25 armas largas en manos del comando que, de acuerdo con medios locales, pertenecía al cártel La Familia y resguardaba en esa bodega un laboratorio de drogas sintéticas.
Pero el 17 de septiembre, en un reportaje publicado por la edición latinoamericana de la revista estadounidense Esquire, una testigo relata que ella es una de esas tres mujeres y niega que estuviera secuestrada.
La mujer sostiene que los militares dispararon primero y que en el tiroteo hubo únicamente un muerto, mientras que los otros 21 en realidad se rindieron y, tras ser interrogados, fueron ejecutados a sangre fría, incluida su hija, una adolescente de 15 años.
La revelación de la testigo generó un gran escándalo en México que llevó al presidente Enrique Peña Nieto a declarar que la fiscalía general tiene que responder en este asunto y a organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional a reclamar una investigación a fondo.
Defensa aseguró el pasado viernes que colaborará con la investigación de la fiscalía y este jueves su titular, Salvador Cienfuegos, dijo en un acto público que el compromiso del Ejército es respetar «irrestrictamente los derechos fundamentales» y que «cualquier conducta que se aleje de este precepto, habremos de llevarla a las instancias jurídicas correspondientes».
El Departamento de Estado de Estados Unidos también manifestó el viernes que está siguiendo este caso desde junio y que «es imperativo contar con una revisión creíble de las circunstancias» por parte de autoridades civiles.
Peña Nieto ha mantenido el amplio despliegue militar contra los cárteles de la droga lanzado en 2006 por su antecesor, Felipe Calderón, que originó una ola de violencia con más de 80.000 muertos y un aumento de las denuncias de graves abusos de soldados contra civiles.
