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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El informe anual 2021 “El estado de los Derechos Humanos en El Salvador”, dado a conocer por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló que el deterioro de la democracia en El Salvador a partir del 1 de mayo de 2021, guarda una estrecha relación con el irrespeto a los Derechos Humanos.
Según Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, la presentación del informe está relacionado con el momento que vive la democracia en el país, un año marcado por la violación a la división de poderes, destituyendo y sustituyendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de la República, porque cuando la institucionalidad pública es ejercida por un solo poder del Estado empeora el respeto a los Derechos Humanos.
“No es pura coincidencia que en un año marcado por deterioro de la democracia, la situación de los Derechos Humanos ha empeorado en El Salvador, los indicadores demuestran que en 2021 aumentaron las muertes violentas de mujeres, la limitación a la libertad de circulación, violencia sexual e interfamiliar, el porcentaje de desaparecidos siguen activos al final del año. Derechos humanos y democracia son dos caras de la misma moneda, si una falla lo hace también la otra”, afirmó Serrano.
El académico detalló que de los indicadores para medir el respeto a los derechos humanos sólo mejoró en el número de homicidios, las muertes violentas en 2021 fueron 1,211, se redujo con respecto a las reportadas en 2020 cuando fue de 1,341, es decir, una disminución del 9.7% en los homicidios, que equivale a 17.7 asesinatos por día; sin embargo, el descubrimiento de al menos 5 fosas clandestinas, el aumento de las desapariciones e inconsistencia en las cifras de homicidios, demuestran que los datos oficiales no son precisos.
En términos de acceso a la información pública el OUDH observó y experimentó diversas acciones institucionales para elaborar el informe, por ejemplo, la inhabilitación de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la Dirección General de Centros Penales y el cese de publicación de información de oficio sobre la población penitenciaria, sin habilitar canales alternativos, genera la imposibilidad de acceder a información sobre la situación de la población privada de libertad.
Lo mismo sucedió con los portales institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en lo relativo a las bases de datos públicas de muertes violentas y feminicidios, puesto que a finales del año pasado no solo se dejaron de publicar las estadísticas oficiales sobre el tema, sino que eliminaron toda la existente. El informe desarrolla cinco derechos humanos de forma prioritaria, estos son: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. Cada uno de ellos cuenta con un capítulo donde se profundiza sobre determinados temas que han sido priorizados debido a altos índices de victimización o porque evidencian problemas graves de vulneraciones a los derechos humanos, impunidad o respuestas deficientes por parte del Estado.
