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Luis Armando González
Las sociedades estables, democráticas y prósperas –por dondequiera que las haya visto o se las vea— son aquellas que mejor han logrado ensamblar el bienestar socio-económico de su población con un fortalecimiento de su institucionalidad democrática, que es la mejor clave para alcanzar una estabilidad política legítima y duradera. Por supuesto que alcanzar ambas metas no es fácil, pero no se trata de logros imposibles siempre y cuando los grupos dirigentes, empresariales y políticos, y la sociedad, en su diversidad de sectores y actores, trabajen sin desmayo en esa dirección.
Se puede buscar catapultar unos sistemas políticos democráticos obviando el bienestar socio-económico de la población –con modelos económicos diseñados para la explotación voraz de los recursos humanos, sociales y naturales—, pero esos experimentos no suelen llegar muy lejos en el tiempo. Los límites de la democracia (política) se hacen evidentes cuando la pobreza y la exclusión de amplios sectores sociales desbordan lo que la institucionalidad democrática puede ofrecer más allá de sus marcos meramente políticos. Cabe sospechar que es lo que le ha sucedido a El Salvador a partir de 1992 hasta el desenlace actual, que marcará su futuro próximo.
Se puede también –aunque es poco frecuente— buscar avances en el bienestar socio-económico de la población bajo sistemas políticos abiertamente no democráticos. No es nada extraño que si todo va bien en el primer rubro haya quienes, que pueden conformar amplios grupos sociales, estén dispuestos a renunciar a sus (o a no buscar) libertades políticas democráticas. Este suele ser el discurso de los “buenos dictadores”: no damos libertades políticas a la población, pero damos comida, vivienda, empleo, salud y deportes a la gente. En escenarios en los cuales los “buenos dictadores” pueden contar con la baza del bienestar para sus súbditos –lo cual puede combinar publicidad engañosa con datos reales— la defensa de asuntos como el Estado de derecho, la democracia, la libertad de expresión y equivalentes será bandera de “necios” e “idealistas” (o de “subversivos terroristas” si molestan demasiado) fácilmente identificables y castigables.
En un escenario así, los abusos de poder pueden multiplicarse; y, en la visión de quienes detentan el poder, esos abusos pueden ser ilimitados, dado que creen que, si ofrecen “pan y circo” suficientes, la “mayoría” de la población será obsequiosa con sus manoseos a la dignidad de unas “minorías” irrelevantes. Este proceder llegó al siglo XXI, en una continuidad pasmosa, desde los romanos de los primeros siglos de nuestra Era. O sea, nada de innovaciones de última generación.
¿Y si el pan escasea de manera generalizada de tal suerte que hasta los seguidores más fanáticos del régimen la pasen mal y se atrevan a manifestar su malestar? Pues ni modo: el “buen dictador” no tendrá más remedio que mostrarles su cara política menos bondadosa, es decir, extenderá los tentáculos de la arbitrariedad en el uso de la fuerza hacia sectores sociales que hasta el día anterior se consideraban “protegidos” por el poder político.
A medida que la arbitrariedad se desata y entra en un espiral imparable, la estabilidad política comienza deteriorarse, sea esta del tipo que sea: autoritaria, totalitaria, monárquica o democrática. Y si ese deterioro político creciente se ve complementado por un deterioro socio-económico también creciente un desenlace altamente probable es la disrupción social, que suele expresarse en estallidos de protestas y movilizaciones sociales incontenibles.
La combinación deterioro socio-económico + deterioro político no es una buena combinación, definitivamente. Pero, claro está, no se trata de si el fenómeno es bueno o malo, si nos gusta o disgusta. Ni tampoco es algo que suceda porque alguien lo desee, o deja de suceder porque alguien así lo quiere. Hay que remitirse a la realidad social, económica y política de cada país para determinar cuáles son sus dinámicas. En el caso de El Salvador hay que preguntarse con realismo si acaso no esamos asistiendo a un proceso de deterioro socio-económico y de deterioro político institucional que podría desembocar en un callejón sin salida. Ya ha sucedido en el pasado; y también les ha sucedido a otras naciones.
Por supuesto que en lugar de meditar seriamente sobre lo anterior se puede seguir jugando a las parodias, la ironía o los malos chistes. No importa, porque más allá de que en el país se esté dando una combinación de los ejes señalados, hay situaciones críticas en la realidad nacional que es mejor no tomarse en broma, pues en ellas se juega la vida, el bienestar y la felicidad de miles de personas. Como quiera que sea, sólo basta algo de sensatez, lógica y razón (van juntas, por cierto) para caer en la cuenta de que, desde las esferas del poder público, se debe trabajar por evitar el deterioro socio-económico y el deterioro político.
Y ello no por bondad, sino por realismo: cuando el bienestar social y la política colapsan, a quien se le piden cuentas es a quien tuvo en sus manos el poder para impedirlo, lo cual es peor si obró a favor de ese colapso. Las experiencias históricas están ahí para quien quiera mirarlas.
