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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), presentaron su informe sobre los 4 años de la administración del presidente Nayib Bukele, en el que destacaron el visible deterioro y violación de los derechos laborales y las libertades sindicales.
El MTD da cuenta que desde el 2 de junio de 2019, en su segundo día de gestión, el presidente Nayib Bukele dejó cesantes a más de 700 personas que laboraban en diferentes instancias de Casa Presidencial, que se agravó por ser de forma “arbitraria en usurpación de las funciones de la Asamblea Legislativa”.
“Como reacción a esta arbitrariedad surge el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), para iniciar el proceso de lucha por la reinstalación de personas despedidas de manera ilegítima por violentar el marco jurídico salvadoreño y acuerdos internacionales en materia laboral”, señalaron.
El ministro de trabajo (Rolando Castro), como integrante del gabinete, fue parte en la toma de esta decisión, dejando sin posibilidad de respaldo y defensa a las personas afectadas con tal decisión, señalaron.
Posteriormente, en el contexto de la emergencia por Covid 19, las organizaciones sostienen que a partir de marzo 2020, la violación a los derechos laborales se volvió constante por parte del Gobierno, pues evadió cumplir con sus “deberes y responsabilidades de las personas trabajadoras en el sector público”, situación que provocó un debilitamiento en el respeto a los derechos laborales, y que la empresa privada utilizó para hacer despidos masivos, argumentando el “cierre económico”, que dejó sin ingresos económicos a muchas personas. Más de 80 mil trabajadores se quedaron cesantes, y hasta la fecha no han sido recuperados.
“Esta improvisación e inadecuado manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud, aún lamentamos la muerte de 233 empleados de salud sin que a la fecha se les brinde la compensación económica de 30 mil dólares a sus familiares, que fue aprobada por la anterior Asamblea Legislativa mediante el decreto 723”, indicaron.
Todo este debilitamiento de los derechos laborales y humanos de la clase trabajadora, ha significado, según UNITRASAL y MTD, una “estrategia sistemática de violación a derechos humanos de las personas que laboran en el sector público”, y una ola de “criminalización” de los empleados que han venido defendiendo derechos laborales y libertades sindicales.
Agregan que hay amenazas de despidos, así como el “secuestro de estructuras directivas” de varios sindicatos en combinación con el ministro de trabajo, agregaron.
“Es así que el 31 de octubre de 2020, en el marco de la conmemoración del Día del Sindicalista Salvadoreño, surge la Unidad Nacional de Trabjadores, Organizaciones Sociales y Populares de El Salvador (UNITRASAL), como expresión de unidad y lucha del sector público y privado”, indicaron.
“El irrespeto al fuero sindical, así como la permanente amenaza a despidos arbitrarios, retención salarial, además de la persecución y criminalización de la organización sindical se ha vuelto la cotidianidad en las instituciones públicas y privadas en El Salvador”, argumentan en el informe.
También denunciaron el control del aparato estatal, a través de “decretos exprés” que salen de la Asamblea Legislativa, en donde el partido oficial Nuevas Ideas, y sus partidos aliados GANA y PNC, han permitido de forma inapropiada la disolución de varias dependencias como: ISDEM, FISDL, FONAES, DIGESTYC, FROPOLYD, el Parque Zoológico Nacional y la Autoridad Marítima Portuaria, entre otras entidades oficiales.
“También la aprobación de varios decretos de retiro forzoso de personas activas en el servicio público que ya han cumplido 60 años de edad, consiguiendo cesar laboralmente a miles de trabajadores y trabajadoras sin la menor garantía de un justo y equitativo reconocimiento y compesación económica digna a la labor desempeñada para la nación, profundizando injusticias, inequidades y marginación, y la flagrante violación a derechos laborales por antigüedad en el servicio”, sostuvieron.
UNITRASAL y MTD exigieron a las autoridades de Gobierno la libertad inmediata a los cinco sindicalistas que aún guardan prisión, se trata de Miguel Ventura Arana, Sabino Ramos, Geovanni Aguirre, Misael Italmir Gómez y Jorge Saravia. Y demandan el cumplimiento de la orden de libertad emitida desde 2 meses atrás para Geovanni Aguirre.
Así también, exigen la libertad inmediata de los cinco líderes y defensores ambientales de Santa Marta, ya que su captura ha quedado demostrada una “intencionalidad arbitraria”. Y la inmediata libertad para las personas capturadas en el Bajo Lempa, la isla del Espíritu Santo, que fueron detenidos de manera ilegal en el marco del régimen de excepción.
“El respeto a la libertad sindical consagrada en las herramientas y tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmados y ratificados por El Salvador. Respeto a los derechos laborales, cumpliendo y haciendo cumplir el Art. 52 de la Constitución que establece los derechos en favor de los trabajadores que son irrenunciables”, indicaron.
Las organizaciones también pidieron limpiar de antecedentes penales a todas las personas capturadas que han sido liberadas por haber demostrado su inocencia o hayan pagado la pena impuesta.
Finalmente, las organizaciones pidieron un “Alto ala criminalización y persecución sindical y el cese al cierre de entidades públicas para justificar despidos masivos y flexibilización laboral, violentando derechos regulados en la normativa nacional e internacional”.
