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Luis Arnoldo Colato Hernández
El pasado 16 del corriente mes, en el marco de la conmemoración que se dedicara a recordar los asesinatos de los sacerdotes jesuitas, en las instalaciones de la UCA -Martín Baró, Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ramón Moreno, Elba y Celina Ramos- por miembros del batallón Atlacatl, que como otros miles de asesinatos de salvadoreños de aquella década trágica, siguen aún impunes, pues sus victimarios fueron en toda propiedad, sicarios al servicio del Estado salvadoreño, sumiso a los intereses de los sectores pudientes, la memoria de nuevo golpeo la conciencia del pueblo salvadoreño, recordando que aquellos episodios no han sido aún abordados con la propiedad debida, permaneciendo pendientes aún su resolución jurídica, pero sobre todo su abordaje histórico interpretativo y multidisciplinario, tan necesario para superar finalmente la deriva de los vicios que supone la injusticia perpetua salvadoreña.
Y es que la injusticia vigente para este y todos los casos pendientes del conflicto armado, no son solamente del conflicto armado, pues se extienden como fungí en la historia y hasta el presente, ilegitimando al aparato judicial, por lo parcial con que éste se aplica, favoreciendo la impunidad y naturalizándola con crudeza.
Por ejemplo, ante lo ordenado por la corte suprema de justicia en lo concerniente a la generación desde el órgano Legislativo de una ley de reconciliación, ha resultado un denigrante chiste en términos jurídicos, lo que este ha realizado para dar cumplimiento a éste mandato: reuniendo a las víctimas, con los victimarios; no siguiendo el modelo sud africano que sí respondió a las condiciones que su historia impusiera, sino con el fin exprofeso de impedir a las victimas expresarse, demandar así la justicia que se les adeuda, para en cambio que fueran los victimarios, quienes imponiéndose con gritos y amenazas, reclamasen el olvido de los delitos cometidos.
Por supuesto, pues son siempre los victimarios quienes quieren ocultar sus delitos, incluso reafirmándose en ellos cometiendo otros más, silenciando incluso a sobrevivientes y testigos.
¿Por qué?
Porque el aparato estatal en pleno y a través del modelo económico, responde al interés del continuismo, del conservadurismo, de la perpetuación de las condiciones que promueven la inequidad, la exclusión y la desigualdad social, manifiesto en la incapacidad de promover la prosperidad de los de “abajo”, quienes son obligados legalmente a ceder la riqueza de su trabajo en favor de los de arriba (alrededor del 90 % de la riqueza se concentra en el 1 % de la población, de acuerdo al BM; mientras el resto se distribuye entre el 99 % de la población, según la misma fuente, volviendo a nuestro país, el más desigual del orbe), condiciones ya acusadas por los mártires de la UCA en su día, y que es la causal histórica de todas las convulsiones sociales que padeció nuestro país, en ciclos que van desde los quince hasta los cuarenta años, regularmente.
Entonces no es solamente la impunidad la vigente, se la debe sumar las condiciones sociopolíticas que entonces señalaran los mártires, vigentes también, y profundizados sus efectos en el tiempo transcurrido.
