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Luis Arnoldo Colato Hernández
En el último año nuestra población ha sido arrebatada por dos hechos que dominan su día a día, la pandemia y el conflicto inter órganos.
La pandemia no nos encontró preparados, aunque la OMS y desde hace dos décadas sugiriera a los estados prepararse para tal contingencia, lo que para nosotros y por la discontinuidad administrativa que deriva de los ciclos gubernativos no fuera posible, dado el hábito de descartar en cada administración cualquier logro de la anterior, lo que es un tácito borrón y cuenta nueva que debemos traducir en nuevas inversiones que siempre son desviadas a atender intereses particulares[Por ejemplo, el ejecutivo ha orientado $390,000.00 en mejora de imagen contratando un lobista de la administración Clinton, mientras se posponen otras necesidades-JusticeDep/USA].
Por otro lado, y en el caso de la conflictividad provocada por el ejecutivo para con los otros órganos, debemos considerarla además de político electorera, que incluso atentara contra el orden constitucional [el caso del 9/F], un distractor para la población que, atendiendo tales desmanes, aplaza demandar al estado el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que éste tiene.
Pongamos en contexto la superación de la impunidad rampante en nuestra sociedad, con el concreto caso de las indagaciones realizadas en torno a la masacre del Mozote, en la que de modo sistemático el estado, es decir el ejecutivo y las fuerzas armadas, han impedido la recuperación de información que sobre los hechos conservara la F.A., cometiendo así otros delitos que debe observar la FGR al realizar la investigación que esta obstrucción a la justicia supone.
Debemos subrayar que el legitimo reclamo por justicia adelantado por las victimas y los sobrevivientes de este particular hecho y que el juez de Gotera procura, chocan con la resistencia de la F.A. y el ejecutivo al obstaculizarlo, impidiendo institucionalmente la concreción de la justicia, naturalizando de tal suerte la impunidad en nuestro país.
Consideremos otro tema, igual de grave como relevante, además de pendiente, el del agua. Si bien días atrás la asamblea legislativa aprobó una reforma constitucional que eleva a rango de derecho el acceso al agua para uso humano, falta para concretarlo el que sea refrendado por el legislativo que surja de las elecciones venideras, pero además el que aquella corrija el desliz que la presente cometiera al elaborar el texto con el que la nueva ley quedará, pues en el actual proyecto de ley existe una ambigüedad que admite que el recurso hídrico pueda ser coadministrado por privados además del estado, lo que claramente es un intento vedado por privatizar el agua.
En ambos casos la sociedad salvadoreña no puede simplemente confiar de buena fe en las promesas de los sectores político partidarios, que sabemos responden a intereses particulares, lo que en la práctica vulnera derechos ya contemplados constitucionalmente, por lo que se debe garantizar que estos como otros reclamos también pendientes, sean atendidos por el estado, sin permitir que se sigan posponiendo para beneficio de las élites y con el consecuente vejamen que ello significa para la población.
