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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reiteró que “El poder ejecutivo debe respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad”. Estas palabras se dan ante el conflicto que tiene el Órgano Judicial y el Ejecutivo en El Salvador. En su pronunciamiento, García Sayán enfatizó al gobierno de Nayib Bukele que “las decisiones judiciales deben ser acatadas y no interpretadas por otros poderes de gobierno”.
Además, el relator enfatizó que no se debe desacreditar a los tribunales ante la ciudadanía, para ser utilizados como un arma para atacar a miembros de los partidos políticos de la oposición.
“Los jueces deben ser libres de decidir los asuntos que se les presentan de manera imparcial, sobre la base de los hechos y de acuerdo con la ley, sin ninguna presión, amenaza o interferencia”, enfatizó el Relator.
El relator insistió que no debe haber intervención inapropiada o injustificada en el proceso judicial, y que las autoridades nacionales deben respetar las decisiones del Tribunal Supremo (Sala de lo Constitucional). Lo anterior, por los ataques que el presidente Nayib Bukele ha hecho contra la Sala de lo Constitucional, cuando calificó a los magistrados de “hipócritas y malos abogados” a través de las redes sociales, por la resolución que detuvo al Gobierno en exigir la prueba PCR negativa para ingresar al territorio nacional.
García-Sayán también abordó el tema la persecución de opositores políticos, a lo que dijo que es “inaceptable para una democracia”, ya que asegura que en los meses anteriores se ha producido una serie de violaciones a la independencia judicial como consecuencia de las declaraciones hechas en la prensa o medios de comunicación por miembros del Ejecutivo y en particular Nayib Bukele.
Entre los casos se refirió al de Sigfrido Reyes, ex presidente de la Asamblea Legislativa y exdirigente del FMLN, el cual observa con preocupación debido a que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de Reyes y su familia, esto según lo establecido la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en un primer informe.
