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Cada 10 de diciembre desde 1950 se celebra el Día de los Derechos Humanos, se conmemora el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
CIDEP es fiel luchadora en el cumplimiento de los Derechos Humanos, es por esta razón que consideramos importante impulsar acciones para el cumplimiento pleno a los derechos fundamentales a la educación, salud, vivienda, libertad, seguridad, etc.
En este marco cabe destacar que la estructura tributaria de El Salvador es muy injusta, pues el 80% de los ingresos del gobierno proviene de impuestos al consumo (entre ellos el IVA) y a los salarios y solo el 20% de la renta empresarial. De ahí que como consorcio Social Watch apoyamos medidas como la de generar un IVA elevado para los bienes de lujo, revisar las leyes que permiten a las grandes empresas no pagar impuestos y que le cuestan al gobierno más de 1,200 millones anuales, aumentar hasta 40% el impuesto a las empresas que ganan más de un millón de dólares al año y cobrar el dinero que se apropiaron funcionarios de los gobiernos anteriores.
La solución del problema fiscal debe incluir medidas que eleven sustancialmente los ingresos del gobierno y reduzcan el pago de su deuda. Algunas medidas que proponemos son:
-El control de la evasión de impuestos, que el Ministerio de Hacienda estima en más de 2,000 millones al año.
-El control de la elusión fiscal, para lo cual hay que eliminar los resquicios “legales” que utilizan muchas empresas para no pagar impuestos.
-El cobro de la mora tributaria de más de 560 millones que tienen las empresas y contribuyentes individuales.
De ejecutarse al menos una de estas medidas, el país puede tener un poco de liquidez para lograr ejecutar efectivamente y sin restricción presupuestos que garanticen el efectivo funcionamiento del estado en su papel de garante de los derechos humanos.
En esta fecha y desde un enfoque de derechos, abogamos por una reforma tributaria justa, basada en la premisa de que quien más tiene debe aportar más, y por lo general son las grandes empresas las que más recursos manejan.
Es injusto continuar cargando impuestos a la población de menos recursos, por lo que instamos al Estado a no poner impuestos que afecten el consumo y el salario de la mayoría de la población, pero ser rigurosos en las responsabilidades fiscales que recaen sobre las ganancias y las propiedades de los sectores más adinerados del país. Solo así se garantizará una vida digna para la población con garantía de derechos.
