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ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL PROGRESO SOCIAL – CIDEP –
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El 12 de diciembre de 1996 la Asamblea General declaró el 16 de noviembre de cada año como Día Internacional para la Tolerancia. Esta decisión fue tomada luego de la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea a iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO. El 16 de noviembre de 1995 los países miembros de la UNESCO adoptaron una Declaración de Principios sobre la Tolerancia.
La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo.
La Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los Estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad.
La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La tolerancia es una condición para la paz. También es un motor del desarrollo sostenible, ya que favorece la construcción de sociedades más inclusivas, y por tanto más resilientes, con la capacidad de aprovechar las ideas, y los talentos de cada persona.
Los Gobiernos deben aplicar leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías, independientemente de que se cometan por organizaciones privadas, públicas o individuos. El Estado también debe garantizar un acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los defensores del pueblo, para evitar que las posibles disputas se resuelvan por la violencia.
En esta fecha reconocemos que la educación es un elemento importante para construir una sociedad tolerante, pacífica y justa. Desde los programas impulsados por CIDEP, sobre todo el programa de Cultura de Paz, se busca fomentar actitudes y modos de vida basados en la tolerancia, el respecto, la justicia y la equidad de manera que en las comunidades, los Centros Escolares y todos los ámbitos de la vida diaria las personas, y sobre todo la niñez y juventud se desarrollen en un ambiente de cordialidad y paz, compartiendo y promoviendo en solidaridad y armonía los procesos de cambio de El Salvador.
