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El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
La resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en el año 2011.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Esta fecha, busca recordar a todas las personas que han sido separadas de su familia por la fuerza, pero también es una oportunidad para que los gobiernos se comprometan a iniciar investigaciones justas e imparciales, principalmente en aquellos casos de desaparición forzada que tuvieron a su base una intervención estatal.
En El Salvador, según datos recopilados en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993, se documentaron cerca de 5 mil personas desaparecidas forzadamente durante el período de guerra civil, por su parte datos de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica reflejan que más de 8 mil 600 personas en el país se encuentran desaparecidas, algunas fueron asesinadas y quienes eran menores de edad fueron dadas en adopción a familias extranjeras.
Pese al fin de la guerra en el país, sigue afectando el fenómeno de las desapariciones a causa de la violencia generada por las pandillas, datos de la Policía Nacional Civil indican que en el año 2016 se reportó la denuncia de 1,700 desapariciones, mientras que la Fiscalía General de la República contabiliza la denuncia de 3 mil 300.
Todos los casos de desapariciones forzadas son una grave violación a los derechos humanos, al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Por eso es importante que los Estados luchen por la construcción de una paz con justicia social, quienes trabajamos por la construcción de una sociedad justa, debemos exigir el esclarecimiento de la verdad ante los hechos ocurridos en el pasado, así como de los que se están dando en el presente.
