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Por: Oscar Martínez
Las mujeres salvadoreñas marcharon hacia la Asamblea Legislativa para exigir una vida libre de violencia. Entre las denuncias y acusaciones las mujeres señalaron al gobierno de Nayib Bukele como el principal violador de los Derechos Humanos contra las mujeres.
En el año 2 mil la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para honrar la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo, un dictador apoyado por los Estados Unidos para garantizar sus intereses políticos.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
ORMUSA en su monitoreo que hace sobre la violencia en El Salvador, reporta que “A pesar que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), declararon como información reservada los casos estadísticos de mujeres víctimas de feminicidios en el país, violando con ello el derecho de información, se ha constatado por medio de la prensa escrita que desde enero a octubre de este año 2022, 42 mujeres fueron asesinadas”; lo que indica que el Estado salvadoreño ha fracasado en garantizar la seguridad y la vida de las mujeres con edades de 26 a 35 años, por eso no es de extrañarse que muchas jóvenes marcharon este día.
Las mujeres con discapacidad marcharon también y la principal causa de violencia contra las mujeres es la discriminación del Estado y la sociedad, negándoles el derecho que tienen a una educación, un trabajo formal, justicia, violaciones a los Derechos Humanos que se agravan por vivir en zonas rurales, por su condición económica precaria, por sus edades y por sus lesiones de guerra y discapacidad.
El Estado viola sus derechos con la ley de excepción han capturado a personas con discapacidad sin tener ninguna prueba, solo por el hecho de vivir en barrios marginales y las tratan sin ningún protocolo por ser mujeres con discapacidad.
El Estado salvadoreño relega a las mujeres al trabajo doméstico y del cuidado sin remuneración, les niega la oportunidad de formación académica y laboral, fomentando aún más su independencia económica y desarrollo de sus vidas.
Isabel López fundadora y lideresa del Movimiento Salvadoreño de Mujeres MSM, aún demanda la libertad de la Dra. Vanda Pignato al tiempo que exigen alto a la violencia de Estado.
En el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las feministas de izquierda que integran la Federación Democrática Internacional de Mujeres, La Vía Campesina y la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales que conforman la Resistencia Feminista, en Coordinación con el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, platearon que desde el 27 de marzo cerca de 58 mil personas fueron detenidas bajo el régimen de excepción, algunas personas pertenecientes a pandillas y en su mayoría población en general.
Hasta la fecha existen 4 mil 60 personas desaparecidas en los últimos 30 meses, de esta cifra se desconoce el número de mujeres desaparecidas.
Denunciaron también, la eliminación de los rubros para la atención y desarrollo integral de las mujeres, como son los esfuerzos de fortalecer los servicios especializados como las UNIMUJER, Ciudad Mujer, Unidades de Género de las diferentes instituciones del Estado y municipalidades. La desarticulación de ISDEMU, el programa de Salud Integral para las Mujeres en la red de hospitales públicos y la reducción de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, la penalización absoluta del aborto sigue condenando a cientos de mujeres a poner en riesgo su salud y vida, obligando a muchas niñas y mujeres a enfrentar embarazos impuestos. 3 de cada 10 embarazos en nuestro país son de niñas y adolescentes.
Las mujeres exigen a las instituciones del Estado, cero tolerancias a las personas agresoras que ejercen violencia por razones de género.
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