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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Los estragos en viviendas, ecosistemas y población por las lluvias que han traído las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, al que suma la crisis alimentaria y salud por la pandemia del coronavirus en el país, enmarca la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, que en 2020 ha evidenciado la pobreza y la vulnerabilidad de la población en el territorio nacional.
Con el lema “Por el planeta, el agua y el territorio”, se realizó la XX Caminata Ecológica, que por la coyuntura sanitaria y climática se realizó de manera virtual, que le permitió a diversas organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, religiosas, de mujeres y juveniles, que integran este espacio, realizar una evaluación sobre el estado de los recursos naturales del país.
Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la que designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y que, desde la década de los años setenta, ha venido desarrollando iniciativas, llamados y mensajes con el objetivo de sensibilizar a la humanidad y sus Estados miembro sobre el impostergable compromiso de preservar, rescatar y restaurar los recursos naturales del planeta.
Morena Murillo, de la Alianza contra la Privatización del Agua señaló que continúa la lucha social desde la sociedad civil, a nivel comunitario, local y nacional, a fin de contribuir a la promulgación y promoción de los derechos humanos integrales de la población y convertirse en referentes para el abordaje de diversa problemáticas que los afecten. Lo que les ha llevado a trascender con movimientos sociales de la región y latinoamericanos en busca de la equidad al derecho a la salud y bienestar colectivo.
“A esta crisis ambiental que tenemos, se suma la crisis por la pandemia del coronavirus, que nos impacta a nivel nacional e internacional, a la fecha hay más de 6 millones de personas afectadas en el mundo y 375,013 fallecidos, lo que es grave para la humanidad. El Salvador no queda fuera de esta situación con 2,718 casos confirmados y 52 fallecidos y más de 3,000 personas en centros de cuarentena y mucha gente atemorizada que ha salido a pedir alimentos con banderas blancas. Y este aniversario se conmemora en un momento difícil para la humanidad, en donde los Estados deben reflexionar y plantear la necesidad de reconstruir un nuevo modelo de desarrollo, como vivienda digna y acceso al agua potable”, señaló.
Mientras, Omar Flores (FESPAD), parte de la Alianza contra la Privatización del Agua manifestó que la Caminata Ecológica durante décadas para abordar temas como el derechos el agua, la soberanía alimentaria, los efectos del cambio climático y la defensa de los defensores de derechos humanos y la vulnerabilidad de la población ante los fenómenos naturales.
“El papel que juegan los defensores de derechos humanos, y en especial los del medioambiente, juegan un papel importante, que no es fácil realizarlo en las condiciones normativas e institucionales que tiene el país, al no contar con un marco normativo que las proteja y el Gobierno no ha firmado el denominado Acuerdo de Escazú, que básicamente reconoce el derecho al acceso a la información en materia ambiental, la participación ciudadana en materia ambiental, tutela jurídica y judicial en materia ambiental y su protección como defensores del medio ambiente”, explicó Flores.
Entre las demandas planteadas a las autoridades del Estado, Luis González (UNES) señaló que ante las problemáticas ambientales que impactan a El Salvador, era urgente implementar la seguridad alimentaria de las familias afectadas por COVID-19 y por los eventos climáticos que vulneran a la población de menor recurso económico.
“Se debe planificar el tema de gestión de riesgos y desastres, así como implementar todos los planes que exige la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dejar de otorgar permisos ambientales a urbanizadores o proyectos estructurales que pueden elevar la vulnerabilidad del territorio salvadoreño, como Valle El Ángel”, sostuvo.
Asimismo, recomendaron a la Asamblea Legislativa el reconocimiento al derecho humano al agua, la ratificación del Acuerdo de Escazú y retomar la discusión de Ley de Soberanía Alimentaria.
Mientras, el Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) señala en su pronunciamiento su preocupación por la “inexistente política de Medio Ambiente” en el país, que se enmarca en un bajo presupuesto para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un bajo perfil frente a la destrucción de ecosistemas de valor natural incalculable.
“En la región norte de San Salvador se está eliminando una importante zona de recarga acuífera para construir un complejo urbanístico, denominado Valle El Ángel, con la total indiferencia del Estado.
De igual manera, en municipios como Santo Tomás, San Julián y en muchos otros lugares continúa la depredación de bosques, la contaminación de fuentes de agua y la disposición inadecuada de los desechos sólidos. Asimismo, en la zona costera el monocultivo de caña de azúcar se expande sin ningún control, agotando fuentes de agua, erosionando la biodiversidad, contaminando el suelo y afectando la salud pública”, declararon.
“Demandamos la aprobación de una Ley de Fomento de la Agroecología, que asegure las condiciones de acceso a la tierra y otros recursos productivos para familias campesinas e indígenas. Garantizar reservas estratégicas de granos básicos y la creación de una estrategia de sobrevivencia ante el cambio climático que retome la Política Integral de Gestión de Riesgos y reactive el Sistema Nacional de Protección Civil”, acotaron.
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