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Gloria Silvia Orellana
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“Aquí vamos a luchar porque se mantengan los escalafones. Porque si no lo hacemos hoy puede que el día de mañana sean otro tipo de derechos que vamos a perder”, expresó, Oscar Martínez, del sector educación e integrante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.
Diversas organizaciones que integran la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y el Movimiento de Trabajadores Despedidos, requirieron del presidente Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa, un acercamiento y diálogo abierto para abordar el tema de “escalafones” para las Carteras de Estado de Salud y Educación, que no están contemplados en el Presupuesto General de la Nación para el 2025.
“Somos parte del sector que saldrá afectado con este Presupuesto que está definido para el 2025, y en ese sentido alzamos nuestra voz, en contra de esta injusticia que se pretende cometer. Porque cuando hay un conflicto entre la justicia y los derechos, debe prevalecer la justicia”, alegó Martínez.
Luego de que el 30 de septiembre del presente año el Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación a la Asamblea Legislativa para el año 2025, que asciende a los 9 mil 663 millones de dólares, informó de la suspensión de incrementos salariales y la congelación de los escalafones de educación y salud.
“Nosotros combatimos todas las injusticias -vengan de donde vengan-, y en este sentido, dejamos bien clara nuestra posición ante la población: el magisterio nacional ha obtenido sus diferentes conquistas en la calle, en momentos históricos como entre 1961 a 1971, que permitió dos marcos normativos la Ley de la Profesión de Maestros y la Ley del Escalafón”, reseñó.
“En 1996 , siendo Cecilia Gallardo de Cano ministra de Educación, se fusionaron estas dos leyes para dar paso a la Ley de la Carrera Docente, donde en su capítulo 2, artículos del 6 al 24 , se regula todo lo relativo al escalafón. Los profesores estamos calificados en Docentes Nivel 1 y Nivel 2”, explicó Martínez.
Sobre los Docentes Nivel 1, está referido a los que por méritos, son profesionales que luego de graduarse siguieron carreras universitarias, maestrías o doctorados. Mientras, los Docentes Nivel 2, son todos los profesores y profesoras del sistema educativo nacional, en donde los ascensos son por antigüedad y cada 5 años de forma ascendente.
No obstante, Martínez aclaró que el “escalafón magisterial” no es progresivo, por el contrario, es regresivo e inicia con un incremento del 10% en el salario y termina con un incremento del 6%, por lo que consideró que irrespetar este derecho compromete la vida de muchos educadores.
“Un profesor puede trabajar 30 o 45 años y si la suerte le permite pueden ser más , pero lo más alto que puede ganar son $973.73; si un profesor que cuenta con licenciatura comienza ganando $655.00 y logra trabajar más de 30 años en el magisterio lo más que ganará será $1 071.11 dólares”, acotó.
“Y si los diputados llegan a aprobar el presupuesto sin el escalafón, van a caer en un delito tipificado en incumplimiento de deberes (art.321/Cód.Penal), que establece que el empleado público, agente de autoridad o encargado de un servicio público omita, renuncie o retarde un acto propio de su función será sancionado con prisión de 4 a 6 años e inhabilitado del cargo por igual período”, recordó Martínez.
El presupuesto para la Cartera de Educación tiene una disminución de 31 millones de dólares, frente a los 1, 566.8 millones que les fue aprobado para el ejercicio fiscal del 2024. Y para el próximo año tiene asignado 1,535.7 millones de dólares, que irremediablemente se enfocará en despidos masivos de maestros y trabajadores administrativos, sospechan los docentes.
Así también, prevén el debilitamiento en la prestación de servicios, ya que habrá menos material didácticos, además de la pérdida del escalafón. Y que sumado a la deuda de 45 millones de dólares a la Universidad de El Salvador (UES), se está vulnerando el derecho de la niñez y juventud de acceder a la educación gratuita en el país, señalan.
Disminución del Presupuesto de Salud impactará a las mujeres
Alma Siliézar, integrante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, dijo: “me siento en la obligación en alzar la voz, porque ese presupuesto presentado por el gobierno para el año 2025 va a tener un gran impacto y particularmente a las mujeres en El Salvador”, al calificar que las asignaciones han sido aprobadas con poca transparencia e inconsultas con la población.
“¿Por qué afectaría el área de salud a las mujeres ?, bueno, porque si minimizan recursos para atendernos porque las mujeres somos en mayoría madres solteras y lideramos nuestros hogares y no contaremos con estos servicios para nuestra salud”, aclaró.
“Si actualmente, ya nos impacta en nuestra economía, en nuestros ingresos y presupuestos familiares, la situación de salud para atendernos, al disminuir el presupuesto para el 2025 vamos a encontrar a los hospitales con menor personal de asistencia en salud que implica que no habrá una buena atención con calidad y calidez, sin abastecimiento de medicinas y será más difícil acceder a estos tratamientos”, sostuvo Siliézar.
Sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación, presentado por el gobierno, señalaron que no “responde a las necesidades de la clase trabajadora”. El sector salud presenta una disminución del 7.3% , que son 92.2 millones de dólares menos al presupuesto del año 2025, pasando de 1,263.5 millones de dólares a solo 1,170,3 millones de dólares.
Esa disminución el presupuesto de salud, se traducirá en despidos masivos de recursos humanos, menos medicamentos en farmacias para los pacientes y otros insumos médicos, agregó la vocera. Todo esto impactará a la población salvadoreña de escasos recursos que asiste al Sistema Nacional de Salud.
Presupuesto General de 2025 cae en lo ilegítimo
Elías Evangelista, abogado de FESPAD, señaló que observan con “preocupación”, cómo las instituciones públicas van a resolver las obligaciones institucionales con los derechos de las y los trabajadores, principalmente, así como con la población salvadoreña.
“Observamos que este Presupuesto (2025) es hasta ilegítimo, porque no se realizaron las acciones correspondientes para una consulta con la población salvadoreña. Y específicamente con los trabajadores para debatir esta disminución del presupuesto y la exclusión de los escalafones”, argumentó.
“El artículo 52 de la Constitución de la República manifiesta que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. De no hacer los ajustes necesarios en beneficio de los trabajadores será un presupuesto inconstitucional”, reiteró Evangelista.
Mientras, contrastó el fortalecimiento que ha recibido el Ministerio de la Defensa Nacional, que recibirá $314.3 millones del presupuesto 2025; que es un aumento de $52.9 millones de dólares, que evidencia, agregó Evangelista, las preferencias del gobierno con respecto a salud y educación.
“El gobierno fortalece sus aparatos de represión y el interés de fortalecer su proceso de militarización, y cabe mencionar que esta institución no es auditada por la Corte de Cuentas, a pesar de ser la cartera de Estado que más fondos públicos recibe en la actualidad”, indicó.
“Tenemos también Casa Presidencial (Capres) que se asignó 24.9% del presupuesto, se ha desarrollado este presupuesto sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores. El Fondo Monetario Internacional siempre habla de -quitar la grasa al Estado-, lo que significa despido de trabajadores, un impacto altamente negativo, agudizando el ejército de desempleados en el país, esta es la realidad”, manifestó Evangelista.
Marcha Blanca porque la organización vence el miedo
Patricia de Claudio, también de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y el Movimiento de Trabajadores Despedidos, expresó la adhesión solidaria con la lucha social del magisterio nacional y del sector salud, por lo que hizo el llamado a la población en general y trabajadores a marchar este próximo sábado 19 de octubre.
“Nos solidarizamos con el sector magisterial y salud, pero llamamos a la clase trabajadora salvadoreña en general a defender los derechos laborales que son irrenunciables y también a todos los sectores a no seguir dando luchas aisladas ,porque la organización vence el miedo”, expresó.
“Recordemos que durante la pandemia de Covid 19, el gobierno en su narrativa oficial los trataba de héroes, pero ahora en la práctica, les violenta sus derechos laborales como en sus salarios dignos y quitarles el escalafón”, dijo de Claudio.
Asimismo, exigió el cese inmediato de la violación a los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores, así como el reinstalo en sus puestos de trabajo a los que fueron “injustamente despedidos” por el actual gobierno y sus municipalidades.
“Queremos hacer la invitación a la marcha del día 19, con la que nos solidarizamos y nos sentimos obligados a ser parte de esta lucha, porque en nuestros espacios hay representación de trabajadores municipales y nacionales. Y queremos que se revise el Presupuesto presentado ante la Asamblea Legislativa”, puntualizó de Claudio.
