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Óscar Campos e Ismael Turcios
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un pacto fiscal es un acuerdo social sobre el origen, destino y composición de los recursos necesarios para financiar al Estado.
La bilateralidad del diálogo actual entre el Gobierno de El Salvador y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para alcanzar un acuerdo fiscal, que afectará la vida de toda la sociedad salvadoreña, es por su propia naturaleza, elitista, excluyente y opaca. Es una negociación que no garantiza participación ciudadana ni, por lo menos, una participación intersectorial; algo que niega un requisito básico de todo pacto fiscal: la incorporación de la mayor cantidad posible de actores que representen a los diferentes sectores, políticos, social y económico del país (Icefi, 2016).
En consecuencia, los términos y condiciones que imperan en el referido diálogo no obedecen a los intereses públicos sino solo a puntos de convergencia entre distintos intereses particulares de los principales partidos políticos; algo que deslegitimará los consensos resultantes, pues desde ninguna perspectiva constituirán “acuerdos de nación”.
La exclusión y autoexclusión de los demás partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, demuestran el profundo caudillismo de los dos partidos políticos mayoritarios, situación que socava la representatividad del régimen democrático salvadoreño y debilitan la credibilidad de la ciudadanía ante nuestro sistema político democrático y representativo.
Rechazamos todo mensaje antidemocrático de voceros y líderes de las demás fuerzas políticas legislativas, como el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y especialmente de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quien incluso hace un llamado a los dos partidos negociadores a no hacer público lo que se discuta en la mesa de diálogo, rechazando con ello el carácter público de la política fiscal.
Que la convergencia de la crisis del sistema de pensiones y la crisis fiscal en el país, reafirman lo que diferentes actores sociales y políticos hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el sentido que los costos fiscales del actual sistema previsional han profundizado la falta de liquidez en la Hacienda Pública y el endeudamiento del Estado.
No obstante, la naturaleza del diálogo bilateral actual para la toma de acuerdos fiscales, y en especial el interés netamente empresarial defendido agresivamente en el último año por el partido de oposición, pone en riesgo las soluciones integrales de ambas crisis y las reformas necesarias para materializarlas.
Que dada la naturaleza del diálogo impuesto para el acuerdo bipartidista de política fiscal, difícilmente resultarán de ello reformas integrales que redireccionen el rumbo elitista, desigual y excluyente que la política fiscal salvadoreña ha tenido durante largos años, tales como los siguientes aspectos que ISD identifica necesarios:
I. Reformar gradualmente la estructura tributaria regresiva actual, de modo que los ingresos tributarios del Estado no dependan en su mayoría de impuestos indirectos y regresivos (como el IVA, el impuesto más desigual), sino de impuestos directos que graven hechos o actos según la capacidad de pago del contribuyente, de modo que quien tenga más, pague más.
II. Dotar de mayores facultades de fiscalización, sanción y capacidad de cobro a la Administración Tributaria, para combatir los altos índices de mora tributaria, los cuales al 1 septiembre de 2016 habían ascendido a USD 157,842,865.68, adeudando de tal cantidad solo las empresas el 78 % (USD 123,883,656.87) .
III. Combatir efectivamente la evasión tributaria y otras defraudaciones al Fisco, eliminando los excesivos beneficios legales que actualmente tienen los evasores para no ser controlados, para evadir las sanciones administrativas o penales por sus acciones y para seguir evadiendo.
IV. Elaborar reformas legales y administrativas para redefinir el régimen de incentivos fiscales, sometiendo a revisión aquellos incentivos injustos o excesivos, que no ayudan a compensar con desarrollo, productividad y crecimiento de la economía, los costos tributarios que estos tienen no solo para el Fisco sino también para toda la sociedad salvadoreña.
V. Alcanzar acuerdos sobre políticas y medidas para aumentar la transparencia sobre las inversiones de personas naturales y jurídicas salvadoreñas en paraísos fiscales, así como de las transacciones que éstas realicen con personas naturales o jurídicas domiciliadas en los mismos.
VI. Entre otros aspectos de reforma que ISD y otros actores sociales promueven en la actualidad.
