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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El diccionario dice que trabajador (a) es una persona física que presta sus servicios subordinados a otra persona o empresa, obteniendo una retribución a cambio de su fuerza de trabajo.
Pero también son trabajadores y trabajadoras las personas que producen sin estar subordinados, como el agricultor pequeño, el dueño de una pequeña tienda o comedor, y todos guardan una relación económica que es parte del diario vivir de la mayoría de la población.
Quienes han analizado a fondo el proyecto de Presupuesto General de la Nación, presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, detallan cómo llegan a la conclusión de que en ese presupuesto se da cuenta de 11,176 plazas menos que las que contenía el presupuesto del año que está terminando.
Es decir, habrá al menos 11,176 trabajadores empleados en el gobierno que perderán su trabajo y esto significa que no tendrán ingreso para ir a comprar queso, huevos, pupusas, detergentes, medicamentos; no tendrán para pagar la cuota de deuda a la cooperativa, al banco o al agiotista; y en cadena a estos, otras personas dedicadas a estas y otras actividades de la vida cotidiana, en el intercambio natural de productos y servicios indispensables para la vida en una familia, también padecerán los efectos de esos despidos.
Esos trabajadores, y también los que se benefician indirectamente de lo que son sus salarios, también pagan impuestos indirectos y directos, esto será menos ingreso para la hacienda pública y municipal.
Es la lógica de disminuir la capacidad adquisitiva del pueblo y, en consecuencia, de la demanda interna, la que genera contracción económica, pero esto le importa poco a quienes toman las decisiones, sin pensar en las consecuencias para la mayoría de la que reclaman su voto y obediencia ciega a cualquier decisión que tomen.
El curso de ese rumbo, conocido desde septiembre pasado, está en marcha con la finalizaciones de contratos, con los despidos, con los cierres de plazas en muchas instituciones; quizá otras serán aplicadas en enero, pero está claro que es el rumbo definido por el grupo gobernante que acompaña al presidente. Los trabajadores, hayan jurado o no obediencia en la plaza publica el 1 de junio, serán alcanzados por uno u otro camino, y representará sin duda un dolor de cabeza para la vida de decenas de miles de salvadoreñas y salvadoreños.
Se conoce de estas decisiones en el Órgano Judicial, en la PGR, en el TSE, en los ministerios de salud y educación.
Y para que el resto de la población no conozca de los efectos de esta política antipopular seguirán usando el estado de excepción, la persecución política, el ataque a los periodistas, como los ataques que recientemente se han conocido contra la periodista de Radio Bálsamo y otros, que usan las redes sociales para dar a conocer estas dolorosas verdades.
¿Para que servirá tener un ministerio de trabajo, que mira para otro lado frente a tanto atropello a la clase trabajadora?
¿Para que servirán los juzgados de trabajo, la PGR y la PDDH? Quedan solo la denuncia, y posibles demandas ante instancias internacionales, que algún día quizás reconozcan y publiquen que aquí se violan los derechos laborales, los derechos civiles, el acceso a la justicia, los derechos humanos y económicos, mientras se promueva la imagen de un país bello, feliz y asentado sobre minas de oro, que diputados “trasnochados” decidieron un día votar por una ley que prohíbe explotarlo y un presidente de pueblo que decidió sancionar esa ley y defender al país ante tribunales internacionales, de las pretensiones rapaces de las transnacionales que envenenan los suelos, los ríos y despojan a la gente de sus terrenos.
Este diciembre es el preludio de años difíciles que vienen para la mayoría del pueblo, en beneficio de quienes usan el Estado para fines egoístas, en un modelo inconstitucional, neoliberal y fascista.
Bien merece que toda expresión organizada, antigua o nueva, se dé cuenta que solo con la unidad en la lucha por objetivos comunes, puede pararse este rumbo de muerte y haga sentir que se debe cambiar ese rumbo.
Ojalá suceda lo más pronto posible, pues la dispersión en la lucha solo beneficia la continuidad de ese rumbo definido por el gobierno y su grupo dominante, en el que la oligarquía y las transnacionales harán su agosto a costa de la vida del pueblo humilde y trabajador.
